El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha manifestado que no sabe si el pleno del Parlamento de Canarias conseguirá este martes nombrar un sustituto para su puesto, pero ha añadido que le es “indiferente” porque no quiere seguir y está dispuesto a dejarlo.
Saavedra fue nombrado para cinco años como diputado del Común y lleva ya seis años y cuarto ya que el Parlamento de Canarias no ha nombrado un sucesor, pero ha advertido de que nadie le puede prohibir irse.
“Tomaré mis decisiones en el momento oportuno”, puesto que tiene cerca de 82 años “y ya es suficiente” para él como cargo público.
“Estoy decidido a dejarlo, estaría bueno que no tuviese el derecho a decidir sobre mi propia vida”, ha insistido a preguntas de los periodistas minutos antes de ofrecer una conferencia sobre la transición española.
Acuerdo imposible
El exministro Jerónimo Saavedra, que participó en las Cortes constituyentes en el pacto constitucional de 1978 como diputado del PSOE, no ve posible que se pueda repetir un acuerdo como el de entonces para reformar la Constitución y todo lo más se podría acordar algún cambio “puntual”.
“La capacidad de pactar ha desaparecido en la clase política actual de cualquier signo ideológico”, ha lamentado Saavedra, quien ha ofrecido una charla en el Parlamento de Canarias sobre su visión de la transición con motivo del proyecto Historia vivida y contada.
Se ha criticado mucho el bipartidismo y se ha elogiado el multipartidismo, pero se ha olvidado que si no hay mayorías absolutas “necesariamente hay que pactar”, dijo Saavedra, y puso como ejemplo el reciente acuerdo de gobierno en Alemania entre democristianos y socialdemócratas.
“Conversar, pactar, aceptar que no tenemos la razón en todo, sino algo de razón en muchas cosas” es la enseñanza que deben recuperar de la transición democrática las jóvenes generaciones, dijo el histórico dirigente del PSOE canario.
Para Jerónimo Saavedra, ahora no sería posible una reforma consensuada de la Constitución, salvo en alguna reforma puntual, como puede ser la configuración del Senado o la simplificación de la distribución de competencias.
También comentó que se habla muy a la ligera de “blindar” ciertos derechos para que sean derechos fundamentales exigibles ante la justicia, tales como el derecho a una vivienda, a un trabajo o a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, algo que no ocurre en ninguna constitución del mundo.
Esos derechos son principios informadores de la actuación de los poderes públicos que dependen de los recursos presupuestarios, de la política económica o de la capacidad económica de un país, no de un tribunal, que no tiene capacidad para garantizarlos como hace con los derechos fundamentales, afirmó.