Desde este lunes las personas de origen inmigrante que residan en la Comunidad Valenciana podrán beneficiarse de la asistencia sanitaria que les fue negada desde el Real Decreto Ley de 2012. En Espa;a todos los partidos políticos (menos Ciudadanos y PP), firmaron antes de las elecciones municipales y autonómicas un acuerdo que recoge el compromiso de incluir en sus programas electorales la restitución efectiva del derecho universal a la salud.
Se estima que esta medida tomada por la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, beneficiará a unas 30.000 personas en situación irregular y no sólo gozarán de las mismas prestaciones que los españoles sino que tendrán derecho a que se le asigne un médico y a descuentos en los medicamentos.
Los activistas se pronuncian
¿Cómo han reaccionado el resto de Comunidades Autónomas al paso adelante que ha dado Valencia? Las medidas en materia de sanidad están cedidas a las comunidades autónomas, cada una de ellas decide como amortiguar el impacto del RDL/2012.
Este jueves, el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ha manifestado su deseo de que la universalidad de la sanidad del Archipiélago se produzca “muy pronto”. A tenor d estas declaraciones, Canarias Ahora ha querido conocer las reacciones de los activistas de organizaciones como AcciónenRed-Canarias, que llevan tres años luchando por derribar esta ley por xenófoba y excluyente. Hablamos con Jenny Sadhwani, miembro de este colectivo y de la Coalición por la Salud, que asegura que a priori la decisión de la Comunidad Valenciana le parece buena pero “habría que ver cómo se plasma en una orden territorial.”
¿Qué opina de la decisión de la Comunidad Valenciana restituir la sanidad a las personas de origen inmigrante excluidas de la asistencia sanitaria?
Me parece una buena decisión a priori, aunque habría que ver como se plasma en una orden territorial. Valencia ha sido una de las comunidades autónomas que ha implementado estrictamente la normativa RDL 16/2012 de contrarreforma sanitaria en sus centros de salud, excluyendo a la población de origen inmigrante en el acceso al derecho a la salud.
¿Cree que signifique que se están movilizando iniciativas a nivel nacional para que desaparezca la Ley de 2012 por completo o que obedece a la sensibilidad de comunidades aisladas?
Son muchas las causas que intervienen en un cambio normativo de este tipo. Por un lado, desde hace ya casi tres años de aplicación de la normativa de exclusión sanitaria, los colectivos sociales vienen presionando socialmente para la restitución del derecho a la salud y visibilizando la realidad de cómo está afectando una normativa estatal en la vida y en la salud de nuestros vecinos y vecinas. Por otro lado, no podemos olvidar que nos encontramos con dos procesos electorales en un mismo año que afectan a estas decisiones políticas. Todos los partidos políticos (excepto Ciudadanos y PP), previo a las elecciones municipales de hace un mes, han firmado un acuerdo que recoge el compromiso de incluir en sus programas electorales la restitución efectiva del derecho universal a la salud.
¿En qué quedó el anuncio preelectoral de la comunidad autónoma de Canarias de devolver la tarjeta sanitaria a las personas de origen inmigrante residentes en el Archipiélago?
De momento ha quedado como un anuncio.
¿Qué opina de las declaraciones realizadas por el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias acerca de devolver la universalidad a la sanidad?
Esas declaraciones nos parecen muy positivas pero hay que concretarlas. Hasta que no lo veamos reflejado en un Boletín no nos vamos a quedar tranquilos. Desde la Coalición por la Salud conformada por las siguientes organizaciones: Amnistía Internacional, Cáritas Canarias, Médicos del Mundo, Cear Canarias, Plataforma Yosiatiendo, Cáritas Tenerife y Acciónenred-Canarias, venimos solicitando al actual Consejero de Sanidad una reunión, lo antes posible, para poner sobre la mesa la situación de exclusión sanitaria que está afectando a aproximadamente 48.562 personas en toda Canarias. Estamos intentando iniciar un diálogo para restituir todos esos derechos a la población y esta predisposición del Consejero nos anima a llegar hasta el final.