Cuando estalló la Guerra Civil española, la República incautó obras de arte para asegurar su protección, entre ellas, las de Pedro Rico, que fue alcalde republicano de Madrid en dos ocasiones (1931-1934 y 1936). Era poseedor no sólo de una colección de obras de arte, sino de una biblioteca y de un archivo personal. Una Ley de 1933 (que siguió en vigor durante la dictadura hasta la democracia) permitía confiscar temporalmente estos bienes y depositarlos en un museo. Más tarde, una orden ministerial de 1939 estableció que habría que realizar un inventario y publicarlo para que los propietarios reclamaran la devolución de los bienes incautados. Sin embargo, Rico nunca pudo solicitar la recuperación de sus obras porque se encontraba en el exilio, forzado por el régimen franquista, que lo amenazó de muerte.
Es con la última Ley de Memoria Democrática, que reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, con la que los herederos de Pedro Rico han iniciado un proceso para que les sean devueltas las obras que siguen en distintos museos españoles. De un total de 25 localizadas, cinco de ellas se encuentran en un museo de Gran Canaria, la Casa de Colón, que ha iniciado un procedimiento administrativo para restituir estos bienes. La abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, explica que ese derecho de resarcimiento es clave para obtener una reparación integral de las víctimas de la guerra y la dictadura y así lo recoge la propia Ley.
Sánchez indica que la incautación se hizo en la época republicana de forma legal, pero lo que no es legal es la apropiación que después hizo el régimen franquista o la no devolución de esos bienes, y que “en el caso de los exiliados es todavía más grave porque no podían reclamar”. La vida de Rico corría entonces peligro si regresaba a España, donde existía, entre otras, la Ley de 1939 de Responsabilidades Políticas. Él y su familia son, por tanto, víctimas del franquismo.
En marzo de este año, la Casa de Colón recibía formalmente un requerimiento de la abogada de la familia Rico para que cesara la relación de depósito y para la restitución material de cinco obras pictóricas depositadas en el museo. En concreto, en este museo se encuentran los lienzos: Toro desmandado, Una fiesta en la dehesa y Un baile de majos; los tres de Eugenio Lucas Velázquez; El patio de una posada, de Francisco Domingo Marqués y Toro Fogueado, de Roberto Domingo Fallola.
Después de un intercambio de documentación requerida y subsanaciones, el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria ha emitido un informe en el que se concluye que Francisca Rico y Pedro Rico tienen la condición de “herederos” y, por tanto, tienen la consideración de “víctimas” y de interesados en el procedimiento administrativo. Así mismo, expone que existe la “obligación” de “reparación integral” a través del “resarcimiento de los bienes incautados durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura”, así como la “dignificación de las víctimas”.
Un deber moral y de memoria
En el informe del Cabildo se remarca que todo ello es “un deber moral” en la vida política y un “deber de memoria”, signos ambos de calidad democrática. Además, concluye que “los herederos de Pedro Rico nunca llegaron a perder la titularidad de estos cuadros, de forma que la Administración General del Estado y el Cabildo de Gran Canaria han sido meros depositarios de facto de aquellos”. El documento señala que “se cumplen los requisitos formales y materiales” para la restitución material de los cuadros requisados“ y que la competencia del Cabildo de Gran Canaria ”en tanto a que ha sido tenedor de buena fe de los cuadros en el ejercicio interrumpido de sus funciones museísticas de más de ochenta años“ y, de ”conformidad con lo que disponga el informe de la Abogacía del Estado“ para tramitar la devolución de los cuadros.
Con todo ello, se acuerda suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento de restitución material de determinadas obras pictóricas ubicadas en la Casa de Colón, hasta que la Abogacía del Estado dicte el correspondiente informe. Así mismo, se concluye notificar al área de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales.
La actual consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina (PSOE), explica que con la Ley de Memoria Democrática en mano se inició ese procedimiento después de que los herederos de Pedro Rico se pusieran en contacto con la corporación insular. “Lo que hemos hecho ha sido custodiar esas piezas (que nadie, ni el Ministerio ha reclamado en estos 80 años) y hemos cuidado nosotros de ese patrimonio”, indica. Cree que lo importante es que desde el punto de vista ético y legítimo esas obras pertenecen a la familia.
Señala que el Cabildo ha hecho todo lo que está en su mano y que aún no ha podido ver el informe de la Abogacía del Estado, que no se ha adelantado a los museos hasta que el Ministerio de Cultura emita su propio dictamen. “Si dependiera de nosotros, habríamos devuelto las obras a la familia”, indica la consejera, que agrega que esos cuadros corresponden a los herederos de Rico porque “las circunstancias en las que fueron incautados les da toda la razón”.
Medina apunta que “es de justicia social” y que la “memoria democrática está para eso, para que de alguna manera restituyamos el honor y los bienes de esas personas que en su momento fueron amenazadas”. “Nosotros la interpretación que hacemos es que no somos titulares, pero llevamos 80 años cuidando esas obras y hemos iniciado un expediente y nos hemos preocupado y es una pena que tengamos que pararnos aquí”, resume la consejera, que defiende que en el Cabildo se intenta hacer valer la memoria histórica en la línea programática de las diferentes áreas.
A la espera del Ministerio de Cultura
La abogada Laura Sánchez Gaona subraya que el informe de la Abogacía del Estado es facultativo, no vinculante y lamenta que se esté ralentizando tanto este proceso. Sí cree que hay esperanza en que un museo como la Casa de Colón haya iniciado este expediente con esas conclusiones. Cree que aún queda mucho por hacer en España en materia de memoria histórica y en el resarcimiento de bienes incautados.
La abogada ha comunicado al Ministerio de Cultura, además, que en el portal de incautaciones se menciona una orden del período franquista, que recuerda que no debería ser considerada válida a día de hoy. En concreto, en dicho portal se expresa que “en 1940 se publicó una Orden concediendo a los propietarios un plazo máximo de tres meses para la retirada de los objetos de los almacenes del Servicio, al término de los cuales, de no haberse hecho cargo de sus pertenencias, se entendería que renunciaban a su propiedad en beneficio del Estado. A partir de entonces comenzaron las entregas de objetos en depósito a distintos organismos públicos de toda España, así como a la Iglesia”.
En uno de sus últimos escritos al Ministerio también recuerda que Pedro Rico fue exiliado al ser amenazado de muerte y que nunca pudo recuperar sus bienes incautados pues “no llegó a existir un procedimiento de inventariado y devolución” y esas obras siempre permanecieron en un depósito. Así mismo, recuerda que sus clientes tienen una edad, condiciones de salud y económicas que “en cualquier momento pueden perder la oportunidad de verse resarcidos, cuando todo está absolutamente a favor de ellos, en el plano moral y en el legal”.
Sánchez Gaona subraya que desde un primer momento hubo buena predisposición con el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero el único museo que ha abierto ese expediente de restitución hasta el momento es la Casa de Colón. Así mismo, tanto ella como el informe del Cabildo recuerdan un precedente en España de restitución franquista: el caso de Ramón de La Sota, aunque se contó para ello con un informe favorable de la Abogacía del Estado.
Esta redacción ha preguntado a la Abogacía del Estado y al Ministerio de Cultura sobre esos informes por los que espera la familia de Pedro Rico, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Cabe recordar que este año el Museo del Prado finalizó su investigación (realizada por el especialista Arturo Colorado) y se concluyó que cuenta con 70 obras incautadas, de las que se conoce la propiedad de 14 de ellas. En una reciente entrevista, este especialista explicó que restituir estos bienes depende de la voluntad política.