Seguridad Integral Canaria ha advertido este viernes de que los aproximadamente 1.500 vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC) que prestan sus servicios para la Administración autonómica en las Islas corren el riesgo de verse en el desempleo o sin cobrar sus salarios en el caso de que los sindicatos del sector de vigilancia privada no acepten la solución planteada por la empresa, ya que se vería abocada a entrar en concurso de acreedores.
Según explica la empresa en un comunicado esta alternativa ha sido “aceptada ya por administraciones públicas de rango estatal e insular” y consiste en que los trabajadores sean subrogados transitoriamente por otra empresa hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por SIC.
SIC defiende que es viable su fórmula para la cesión de contratos públicos, asumidos por Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que, culminado el periodo transitorio mientras se resuelven los nuevos concursos, haya una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran.
La empresa ha enviado este comunicado en vísperas de una reunión que los sindicatos mantendrán este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. “En el caso de que los representantes sindicales no acepten esa fórmula, a Seguridad Integral Canaria no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores que comenzaría a aplicarse antes de final de año”, subrayan.
Se trata de una fórmula que abocaría al impago indefinido de salarios y al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo.
Seguridad Integral insiste en que su objetivo principal es la garantía de los puestos de trabajo, por ello, recalca la idoneidad de “la subrogación transitoria a otra empresa como salvaguardia de los empleos y el pago de salarios”.