La Seguridad Social reclama al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria más de 1,4 millones de euros por una irregularidad a la hora de cotizar los complementos de productividad de cerca de 3.500 trabajadores del centro durante los años 2012 y 2013. La delegación provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas mantiene abierta una inspección al centro hospitalario a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2015 por la asociación La Casa del Funcionario, formada por un colectivo de empleados públicos.
La denominada productividad variable incentivos es un complemento salarial que premia a aquellos trabajadores sanitarios que alcanzan los objetivos pactados con la gerencia del complejo cada año. En el periodo inspeccionado (años 2012 y 2013), el Hospital Insular Materno Infantil abonaba este plus una sola vez cada ejercicio económico, en marzo, y lo cotizaba íntegramente en el mismo mes. El importe íntegro de este complemento se incluía, por lo tanto, en la base de cotización de marzo.
En un oficio fechado el pasado 14 de diciembre al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social da la razón al colectivo que denunciaba la irregularidad de esta práctica. Y es que, como sostiene en su escrito el organismo estatal, el complemento de productividad se debe prorratear en las bases de cotización de cada trabajador durante todos los meses del año natural.
La irregularidad detectada por la Casa del Funcionario y confirmada por la Inspección de Trabajo no sólo influye en el cálculo de las cantidades que deben pagar empresarios y empleados a la Seguridad Social, sino también en el importe de las prestaciones que tienen derecho a cobrar los trabajadores (pensiones, desempleo, incapacidades...), puesto que las mismas dependen directamente de las bases de cotización.
El subinspector laboral de Empleo y Seguridad Social que firma el oficio concluye que la gerencia del Hospital Insular Materno Infantil no ha cotizado de forma adecuada los incentivos y, por ello, extiende cuatro actas de liquidación por las diferencias existentes entre lo que el complejo debió pagar y lo que efectivamente abonó por este concepto.
Cada acta corresponde a un grupo de trabajadores. Del personal estatutario temporal, la resolución afecta a 1.670 empleados y el desfase asciende a 793.981,91 euros. En el colectivo de funcionarios y personal estatutario son 1.702 y el importe se cuantifica en 646.137,65. A estas cifras hay que sumarles los 20.677,02 euros de 62 trabajadores provenientes del Instituto Nacional de Salud y los 15.324,9 de 42 profesionales de actividades hospitalarias. En total, 1.476.11.48 euros y 3.476 trabajadores.
La Casa del Funcionario advierte de que estas cantidades pueden incrementarse en un futuro, ya que la asociación ha detectado errores similares en otros ejercicios presupuestarios y en otras gerencias, como la del Hospital Doctor Negrín, también en la capital grancanaria. Además, el procedimiento podría concluir con la imposición de una sanción al complejo hospitalario. El asunto ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si, al superar los 120.000 euros la cantidad adeudada, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de fraude contra la Seguridad Social.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ya constató en octubre de 2015 irregularidades en las cotizaciones de determinados conceptos de la nómina de una matrona del Materno Infantil. Entonces el complejo hospitalario defendió que se trataba de un error en la aplicación informática utilizada en el centro, que impidió entre junio de 2010 y noviembre de 2011 que pudieran prorratearse conforme a la normativa.