Nada ha cambiado en Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria un mes después de que 23 de los 26 médicos del área presentaran ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia contra el “inaguantable” colapso del servicio. El complejo continúa viviendo episodios de caos. El martes llegó a acumular hasta 40 pacientes entre los boxes y los pasillos del recinto mientras esperaban por una cama de hospitalización para poder quedarse ingresados. La imagen, según denuncian los profesionales, es habitual y la media de las últimas semanas es de 30 personas por día en esta situación.
El colectivo de facultativos adjuntos al servicio de Urgencias asegura que los responsables de esta situación, entre los que señalan al gerente del centro hospitalario, Víctor Naranjo; al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez; al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y al propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, siguen sin adoptar medida alguna para atajar el desbordamiento asistencial en el complejo y confían la solución a una operación aún no cerrada y que tardará en materializarse, la ampliación prevista en las instalaciones del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP), que pertenecen al Cabildo de Gran Canaria. “Un parche” al problema, en opinión de los trabajadores.
Los médicos lamentan las condiciones en las que permanecen los pacientes pendientes de ingreso, hacinados en boxes y “zonas de paso” sin ningún tipo de intimidad, ni tan siquiera una cortina para separarlos.
El grupo de trabajo conformado en Urgencias para tratar de poner coto a una situación que los profesionales califican de “insostenible” recuerda que la denuncia fue interpuesta el 15 de abril y que en ella se pedía a la Fiscalía que investigara la posibilidad de que hubiera delito y negligencia culposa.
El colectivo ha apelado además a “la responsabilidad” de Clavijo en una concentración convocada a las puertas del complejo para protestar por las “improcedentes declaraciones” realizadas por el presidente canario en una emisora de radio, manifestaciones en la que sugería que parte de la culpa del colapso era de los propios médicos. “Igual el problema no es del Gobierno, ni de los gestores y acaba llevándose por delante a los profesionales. Imagino que lo habrán medido”, dijo a propósito de la denuncia en Fiscalía el dirigente de Coalición Canaria (CC), que ese mismo día se vio forzado a recular en redes sociales ante el revuelo generado por sus palabras. “El daño ya está hecho”, respondieron un día después los facultativos, que en el manifiesto leído durante la concentración pedían a Clavijo que tomara medidas contra los responsables del colapso en Urgencias del complejo hospitalario.
Ante la “inacción” de la administración, los médicos del servicio han decidido elevar la mira y acudir a organismos superiores con el objetivo de “dar solución cuanto antes” a un problema “de gravedad” en la asistencia a los pacientes. Para ello, han decidido presentar escritos ante el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo y el Defensor de la Sanidad Pública Nacional. Además, anuncian la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y solicitan la realización de un informe de su situación laboral “por si concurriera dolo o negligencia”. En el documento presentado ante la Fiscalía, los facultativos ya advertían de que este colapso está poniendo en riesgo su propia integridad y profesionalidad, al ser objeto de amenazas en redes sociales por parte de personas que les culpaban del caos.
El colectivo confía en la acción de la Fiscalía, que ya ha solicitado documentación a la dirección del complejo hospitalario. El caso está en manos de la sección Civil del Ministerio Público, después de que la fiscal jefa provincial descartara la existencia de un ilícito penal en el escrito. Los facultativos de Urgencias del Insular han recabado numerosos apoyos, entre ellos del Colegio de Médicos de Las Palmas, un hito que tildan de histórico. También han respaldado a los profesionales el sindicato de médicos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la inmensa mayoría del resto de departamentos del complejo hospitalario. Este jueves se presentó en el registro oficial del Servicio Canario de Salud (SCS) un documento firmado por 512 profesionales sanitarios de treinta servicios diferentes del complejo, la mayor parte médicos, en apoyo de los denunciantes.