El gerente del Hospital Insular de Gran Canaria, Víctor Naranjo Sintes, ahora en el ojo del huracán por la denuncia de los médicos de Urgencias ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el colapso “inaguantable” del servicio, cobró durante los tres primeros años de la presente legislatura un total de 43.875 euros en concepto de complemento de productividad. Se trata de un plus que perciben desde 2012 altos cargos del Servicio Canario de Salud (SCS) en función de un baremo que mide el logro de objetivos económicos y asistenciales.
A pesar de que durante ese periodo el centro encabezó la lista de hospitales públicos del Archipiélago con mayor tiempo medio de espera para someterse a una operación quirúrgica, la Consejería de Sanidad premió al gerente, un cargo de designación política, con sobresueldos de 17.640, 13.032 y 13.302 euros al año. A falta del dato del último ejercicio, aún no publicado, el Gobierno regional gratificó a Naranjo ese trienio al estimar que había cumplido los objetivos en un grado siempre por encima del 90%, según los datos facilitados por la propia Consejería tras una solicitud de información cursada a través del Portal de Transparencia.
Los complementos de productividad se fijaron en 2012 a través de una instrucción de la directora del SCS en aquel momento, Juana María Reyes, y se modificaron en septiembre de 2016 por parte de su sucesor en el cargo, Roberto Moreno, que redujo su cuantía en un 30% después de la polémica suscitada por el pago de sobresueldos por valor de 800.000 euros a altos cargos en 2015, en pleno periodo de ajustes presupuestarios en el área de Sanidad.
Esa modificación implantada a finales de 2016 explica, en parte, el descenso en la cantidad que percibió el gerente del Hospital Insular durante los dos últimos años, de los más de 17.000 euros del primero a los 13.000 euros de los sucesivos. Durante el primer ejercicio, 2015, el grado de consecución de objetivos alcanzó su cenit, el 98%. Y ello a pesar de que el 31 de diciembre de ese año, el tiempo medio de demora para una intervención quirúrgica en el Insular era de 214 días, el más alto de entre los nueve hospitales públicos del Archipiélago y muy por encima de la media, que se situaba en 175. Entonces más de 5.400 pacientes esperaban por una operación, 2.300 durante más de seis meses.
La adecuación de los tiempos de espera es uno de los cinco apartados que se bareman para calcular el complemento de productividad. Los restantes son la adecuación presupuestaria, la integración de los sistemas de información, el uso racional del medicamento y la mejora de la eficiencia.
Durante los siguientes ejercicios, el Hospital Insular volvió a situarse entre los centros con mayor lista de espera quirúrgica. En 2016 redujo ligeramente el tiempo medio de demora hasta los 201 días, lo que le permitió mejorar los números del Doctor Negrín, pero aumentó el número de pacientes hasta los 6.453. El complejo, del que también forma parte el Materno Infantil, apareció ese año por primera vez en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), una evaluación de referencia, independiente y auditada, de los hospitales de todo el territorio nacional. Lo hizo en uno de los peores puestos, el 67 del 74.
Ese segundo año de legislatura se fraguó la ruptura del pacto de gobierno suscrito por CC y el PSOE, con el conflicto en el área sanitaria, entonces en manos socialistas, como telón de fondo. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ordenó a mediados de año a los gerentes de los hospitales públicos recortar de donde fuera un total de 50 millones de euros tras detectar una supuesta desviación presupuestaria, años después desmentida en un informe de la Audiencia de Cuentas. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil aparecía, precisamente, como uno de los centros que más se había alejado de los objetivos económicos marcados a principio de curso. Meses después de hacer saltar las alarmas y ya con el hasta entonces vicepresidente de la patronal de las clínicas privadas, José Manuel Baltar, como consejero de Sanidad, el Ejecutivo de Clavijo premió al gerente del hospital con más de 13.000 euros de plus por haber logrado el 90% de los objetivos. Entre otros, el de adecuación presupuestaria.
En 2017, año en el que la Consejería de Sanidad contó con un incremento presupuestario de cerca de 200 millones, el Hospital Insular volvió a situarse en el primer lugar en el tiempo medio de espera quirúrgica, después de que se incrementara hasta los 205 días, aunque el número de ciudadanos en la lista descendió hasta los 4.586. Durante este ejercicio, el plus de productividad del gerente del complejo ascendió a 13.203 euros por un grado de consecución de objetivos fijado en el 91,69%.
En el último año, la demora ha bajado a 191 días, aunque aún está muy por encima de la media de los hospitales públicos canarios, que es de 151. En estos dos últimos años el centro no figura entre los 100 hospitales de la lista configurada por el Monitor de Reputación Sanitaria.
La reciente denuncia que han presentado ante la Fiscalía de Las Palmas 23 de los 26 médicos de Urgencias vuelve a poner en cuestión la pertinencia de ese complemento de productividad. Los facultativos, que han sido secundados en sus reivindicaciones por la inmensa mayoría de los trabajadores del servicio (184 de 192) y por el Colegio de Médicos de la provincia, han señalado, entre otros, al gerente del hospital como corresponsable, por “desidia” o “inoperancia”, de un colapso que califican de “insostenible”.
La situación, dicen, se arrastra desde hace varios lustros sin que Naranjo, que accedió al cargo en mayo de 2013 de la mano de Brígida Mendoza (Coalición Canaria), entonces consejera de Sanidad y hoy directora médica de la clínica privada Perpetuo Socorro, haya actuado pese a las reiteradas advertencias que los médicos han ido exponiendo a lo largo de los últimos años por escrito. Los profesionales sanitarios remarcan que, aunque el conflicto haya estallado en Urgencias, la saturación asistencial afecta a todo el edificio.
El Hospital Insular también ha sido noticia en las últimas fechas por la polémica que ha rodeado la, hasta el momento, frustrada adquisición de un equipo esencial para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, el denominado PET-TAC, reclamado con insistencia y sin éxito por los especialistas; por una reciente denuncia de varios profesionales del área de Cardiología por un presunto caso de acoso laboral, o por las sentencias desfavorables vinculadas al sistema de elección de las jefaturas de servicios, una fórmula tumbada por los tribunales en la que, sin embargo, sigue insistiendo el gerente del complejo, Víctor Naranjo.