José Miguel Suárez Gil tendrá que continuar en prisión hasta cumplir la condena que le fue impuesta hace ahora un año por los delitos de amenazas y coacciones graves a su esposa, la abogada Josefina Navarrete. La Audiencia Provincial de Las Palmas no ha admitido sus alegaciones y ha confirmado el auto del Juzgado de lo Penal 4 que ordenaba su ingreso en prisión por violar reiteradamente la orden de alejamiento de 500 metros a la que estaba sometido.
El ex parlamentario regional y ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas fue condenado en septiembre de 2011 a doce meses de prisión por amenazas y coacciones graves a su esposa, a la que encañonó con una pistola el 4 de enero de ese año tras una serie de desavenencias matrimoniales que acabaron en la ruptura de la pareja.
Aquella condena conllevaba, además, una orden de alejamiento de 500 del penado respecto de su esposa, para lo cual se le instaló un dispositivo electrónico (conocido como pulsera) controlado por el Centro Cometa, del Cuerpo Nacional de Policía.
Dado que la condena fue inferior a doce meses, el juzgado le suspendió el ingreso en prisión condicionado a que no delinquiera durante ese periodo de tiempo ni vulnerara aquella orden de alejamiento.
Sin embargo, según ha quedado comprobado por la Policía, Suárez Gil quebró la orden en al menos doscientas ocasiones, lo que condujo a una batería de denuncias de su víctima y a que el Juzgado de lo Penal revocara la suspensión de su condena y ordenara en julio pasado su ingreso en la Prisión Provincial de Salto del Negro.
La defensa del empresario recurrió esa resolución y ahora la Audiencia Provincial, con el respaldo de la Fiscalía, ha resuelto que debe continuar encarcelado “ante los variados incumplimientos del penado a la prohibición de aproximación, su actitud de indiferencia y poca colaboración con el sistema de control acordado judicialmente, y en atención a la peligrosidad del mismo [condenado], puesta de manifiesto por los delitos objeto de la condena”.
La magistrada ponente, Yolanda Alcázar, refuta en el auto conocido este miércoles todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Suárez Gil, al que le recuerda que la suspensión de la condena “es un beneficio, no un derecho”, y al que reprocha su falta de colaboración y su indiferencia ante el mandato judicial.
Suárez Gil podrá acogerse ahora a los beneficios penitenciarios si observa en prisión buen comportamiento y realiza actividades que puedan permitirle cumplir solo una parte de su condena.
Sin embargo, se enfrenta ahora a varios procesos penales más abiertos en juzgados de la capital grancanaria derivados precisamente del quebrantamiento de condena y por tenencia ilícita de armas, tras encontrarse en su casa un verdadero arsenal no legalizado en su totalidad. Los antecedentes penales no van a jugar precisamente a su favor.