El Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (Sites) de Tasisa (Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, S.A.) ha acusado a la empresa, una de las adjudicatarias del concurso del transporte sanitario en Canarias, de vulnerar sus “derechos fundamentales” y su “libertad sindical”. En concreto, la organización de los trabajadores dice que la sociedad ha abierto expedientes sancionadores “por deslealtad” a los delegados de prevención de riesgos laborales del sindicato después de que emitiera un comunicado en el que pedía la paralización del servicio en Las Palmas de Gran Canaria “ante la imposibilidad de comer” durante sus jornadas.
El pasado 5 de agosto, Sites protestaba por la ausencia de un horario de comida para los trabajadores de ambulancias urgentes en Las Palmas de Gran Canaria que desempeñan turnos de 12 o 24 horas. A juicio del sindicato, esto supone perjuicios para la salud del personal y una afección al propio servicio, por lo que demandaba a la Dirección General de Trabajo la paralización del mismo hasta que se fijara un horario de comidas.
En un comunicado, Sites defiende que los argumentos que emplea la empresa en el expediente sancionador “son falacias que se alejan de la realidad y buscan la coacción e intimidación mediante días de empleo y sueldo”. Por ello, el sindicato anuncia que acudirá a la Consejería de Sanidad para revelar “todas las acciones antisindicales sufridas”.
En este sentido, Sites dice que sus representantes y sus afiliados “acumulan más del 90% de las sanciones” desde que comenzaran a ejercer su actividad, hace aproximadamente un año, poco después de la adjudicación del concurso de ambulancias. En concreto, el sindicato también recuerda las denuncias contra las deficiencias eléctricas en la base de Tasisa en el barrio de Las Torres, donde el cartel aún anuncia “Cristales y manufacturas López S.L.U”.
Pero ha sido con la petición de paralizar el servicio “por no facilitar tiempo para comer” lo que ha “generado amenazas” y la apertura de expedientes sancionadores. El secretario general de Sites, Iván Amador, considera que estas acciones de la empresa suponen “vulneraciones de derechos fundamentales” porque atenta con la Ley Orgánica de Libertad Sindical al estimar que la sociedad coacciona mediante sanciones “por ejercer las funciones propias de un representante sindical”.
Tasisa es una filial canaria que pertenece a Health Transportation Group (HTG), formada en 2017 de la fusión las empresas que lideraban el mercado nacional y de Reino Unido en transporte sanitario, según especifica la compañía en su página web. Desde 2021, pertenece al fondo británico especializado en infraestructuras Real Assets IM, que se hizo con el 100% del capital del grupo tras un acuerdo con sus anteriores dueños, ProA Capital e Inverindustrial.
“El Gobierno de Canarias no limitó la entrada de fondos buitres en el transporte sanitario, por lo que se hizo vital la creación de este ente sindical, dirigido por trabajadores y que representa a trabajadores (…) por lo que ante la vulneración de derechos y estas persecuciones sindicales solo cabe esperar conflictividad en el sector”, concluye Amador.
Tasisa ha explicado a este periódico que “el convenio colectivo abre unas franjas para la comida y la cena en función de las emergencias y servicios que se tengan que realizar, por lo que no hay una hora fijada en exclusiva, sino una horquilla para el almuerzo”. Sobre los expedientes sancionadores, la entidad añade que “por la ley de protección de datos” no puede comentar “casos concretos de empleados”.
Un concurso recurrido y judicializado
El conflicto en el sector se remonta al procedimiento iniciado en enero de 2019 para renovar una flota de ambulancias que circulaba entonces en las Islas bajo un contrato caducado cuatro años antes. El Gobierno canario se vio obligado a ampliar la vida útil de los vehículos de los 8 a los 12 años para poder seguir prestando un servicio esencial.
La principal contratista del concurso de 2008, la empresa Aeromédica, recurrió la licitación de 2019 casi al momento de publicarse las bases. El sindicato UGT, en el que entonces era miembro Ivan Amador, trató de frenar el procedimiento, tanto por la vía administrativa como judicial, al estimar que se cometieron una serie de negligencias durante la licitación. También la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans) pidió la nulidad del concurso porque a su juicio vulneraba la Ley de Contratos del Sector Público. Pero todas fueron desestimadas.
El PSOE acabó adjudicando un concurso que inició la anterior ejecutiva de Coalición Canaria, a pesar de que cuando estaba en la oposición fue partidaria de paralizar el concurso y estudiar un modelo público para el transporte sanitario, tras votar a favor de la propuesta llevada al Parlamento para elaborar informes jurídicos y económicos que valoraran la viabilidad de llevar a cabo esta medida.
La aprobación de las bases de la licitación corrió a cargo del entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, quien a pesar de no continuar en el puesto con la nueva legislatura del cuatripartito (formado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera), volvió a ser designado en el mismo cargo en septiembre de 2020, es decir, antes de que se terminara de cerrar la adjudicación del servicio.
Los diferentes lotes se repartieron entre tres empresas: Tasisa, Acciona-Icot e Iscan. Pero aún adjudicado, el procedimiento volvió a ser cuestionado. La Audiencia de Cuentas concluyó en su informe de marzo de 2022 que Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), empresa pública encargada de tramitar la licitación, carecía de competencias para llevar a cabo la contratación. El actual gerente de la entidad, Elías Castro, defendió a este periódico que se trata de un aspecto formal y considera que “a pesar de los 20.000 problemas de todo tipo, el concurso pudo cerrarse a finales de 2021” con soporte jurídico suficiente.
Pero hasta la adjudicación fue recurrida. Una de las empresas licitadores que se fue de vacío, Atlantic Emergency, acudió al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que estimó sus demandas y ordenó anular la adjudicación a Tasisa de un lote en La Gomera y El Hierro y retrotraer el procedimiento hasta la presentación de ofertas.
Las dos principales adjudicatarias del concurso, Tasisa y Acciona-Icot, han mantenido una batalla por distintos lotes que ha llegado hasta los tribunales. La última, fechada el 23 de junio de este año, es una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que resolvía que Tasisa debía ser la adjudicataria de un lote en Gran Canaria de ambulancias no urgentes que había recaído en Acciona-Icot.