Un magistrado de un tribunal británico ha condenado a unos turistas del Reino Unido a pagar “por mala intención” unos 4.188 euros para sufragar los costes de un juicio que iniciaron para reclamar al touroperador Thomas Cook una compensación de 11.186 euros por intoxicación alimentaria, tras pasar sus vacaciones en un todo incluido del HD Parque Cristóbal, en Playa del Inglés (Gran Canaria).
El juez, según una información recogida en el medio británico The Independent, concluyó que los reclamantes en cuestión habían sido “deshonestos y no habían sufrido ninguna enfermedad en absoluto”.
Los denunciantes, una pareja británica con dos hijos, pasaron sus vacaciones en 2014 en la isla y en 2016 presentaron, a través del bufete Bridger & Co of Landovery Carmarthernshire, una carta en la que alegaban que toda la familia había sufrido gastroenteritis por la que exigían una compensación económica.
El touroperador demostró la falsedad de las acusaciones gracias a un cuestionario que tuvieron que rellenar los turistas en el vuelo de vuelta. En el documento no indicaron ningún tipo de incidencia o enfermedad y expresaron su satisfacción por el servicio recibido. Además, en el tribunal señalaron que los denunciantes no reclamaron tratamiento médico durante su estancia en Gran Canaria ni notificaron nada a los trabajadores del hotel. Y fueron capaces de soportar un vuelo de cuatro horas sin ningún tipo de incidente, retomando su vida cotidianaal regresar a Reino Unido.
The Independent recoge la declaraciones de Chris Mottershead, director gerente de Thomas Cook UK, quien considera este caso como un “claro mensajes a los demandantes: no pagaremos indemnizaciones que creamos fraudulentas y tomaremos acciones legales en caso de ser necesario”.
Vacaciones pagadas gracias al fraude de la intoxicación alimentaria
Un turista británico puede recibir hasta 14.000 euros de indemnización si presenta, por ejemplo, un tique de farmacia que pruebe la compra de un medicamento antidiarréico durante sus vacaciones. Una situación que se produce debido a la proliferación de de abogados piratas o empresas de reclamaciones (Claim Farmers) que animan a los turistas ingleses a presentar denuncias falsas por supuestas intoxicaciones para recuperar así el dinero invertido en las vacaciones.
Esta práctica aumentó solo en el sur de Gran Canaria un 700% en 2016 según patronales hoteleras isleñas. En conjunto, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro estima que en el archipiélago las reclamaciones falsas de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias se elevaron un 1.400% en un año, provocando que algunos hoteles hayan tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a unas denuncias.
Apoyo del Gobierno británico
El pasado nueve de julio el Gobierno británico anunció medidas para poner límites a los costes legales que las compañías tienen que afrontar si van a juicio ante las denuncias fraudulentas.
El secretario de Justicia, David Lidintong, quien considera que esta tendencia es una amenaza para la “reputación en el extranjero” del Reino Unido, explica que las denuncias falsas por intoxicación alimentaria “son dañinas y no se tolerarán”.
Así, planea redactar un proyecto de ley para modificar la legislación existente y acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino que, además, suelen hacerse en otros países, lo que hace difícil para la justicia británica controlar los costes legales.
Lidintong propone reducir las tasas de compensación para que los operadores turísticos paguen una cantidad preestablecida y, así, les compense ir a juicio contra los turistas que les demandan por una falsa intoxicación alimentaria. Además, aplicar esta medida tendría como resultado que los costes fijos recuperables podrían ampliarse para cubrir las reclamaciones en el extranjero, lo que cerraría el vacío legal y supondría un control más estricto. Y, según responsables británicos, los turistas no realizarían reclamaciones falsas, y aquellos cuya reclamación fuese legítima podrían seguir reclamando los daños.
La iniciativa del área que dirige David Lidington se ha producido después de que la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) lanzara la campaña Stop Sickness Scams (Stop a las estafas por enfermedad) entre los propios británicos, en la que advierten queque presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel en el extranjero.
La iniciativa, lanzada como apoyo a los miembros de la ABTA y sus socios de la industria turística, cuenta entre otros apoyos con Thomas Cook, TUI, Jet2holidays y Monarch.