El instructor de la UCO de la Guardia Civil en la operación Jable ha afirmado este viernes ante la Audiencia de Las Palmas que el acusado Francisco Rodríguez Batllori admitió en las declaraciones que efectuó tras ser detenido que el político Dimas Martín ordenaba, desde la cárcel, que le pagaran.
Este testigo ha señalado, en una nueva sesión del juicio que se sigue contra Batllori, Dimas Martín y otros cuatro acusados más, que el exviceconsejero de Justicia regional reconoció que cobraba a través del procesado José Miguel Rodríguez, entonces edil de Hacienda de Arrecife, pero por orden del político, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
Así mismo, este testigo ha dicho que tanto Batllori como el exedil de Hacienda admitieron en su día que quien “mandaba” los pagos en el Ayuntamiento de Arrecife y “otras muchas cosas del entorno de la isla” era Dimas Martín.
No obstante, ha precisado que Batllori nunca reconoció que esos pagos fueran por los servicios personales que prestaba a Dimas Martín, para la consecución del tercer grado, como se concluyó en la investigación practicada y sostiene el fiscal de Medio Ambiente Javier Ródenas.
En este sumario, derivado de la pieza separada número 8 del “caso Unión”, se dilucida si Batllori cobró entre 2008 y 2009 más de 40.000 euros el Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por trabajos que, según el fiscal, nunca se realizaron y que, en realidad, encubrían el pago de sus gestiones judiciales.
El instructor de la “operación Jable”, así como el miembro de la UCO (Unidad Central Operativa) que actuó como secretario de las actuaciones, han defendido ante el tribunal la legalidad de las detenciones y de las declaraciones tomadas a los acusados, así como los distintos oficios que efectuaron.
En esta sesión del juicio también se ha dado lectura a parte de la correspondencia mantenida entre los acusados y Dimas Martín durante su estancia en la cárcel de Tahíche, así como a conversaciones telefónicas intervenidas, que los procesados, tanto en relación a las misivas como a las escuchas, niegan que sean suyas.
En esa correspondencia, Batllori expone los consejos que dice que ha recibido de “A.C.” y, a su vez, el fundador del PIL, se la remite al concejal de Hacienda, a quien le dice: “De lo de Antonio Castro Feliciano no comentes nada”.
Sobre esas cartas, Castro, que declaró ayer como testigo de la defensa, a preguntas del Fiscal, afirmó que él no es responsable de lo que los dos procesados hallan podido hablar en su nombre, al tiempo que sostuvo que nunca se reunió con Batllori para tratar asuntos relativos a Dimas Martín.
En estas misivas también Batllori le dice a Dimas que es “indispensable” que Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife le hagan los ingresos antes del día 10 de cada mes y le comenta los problemas económicos que tiene, y que por eso le urge que le paguen.
En las escuchas intervenidas también tratan sobre los abonos que debía hacer Rodríguez a Batllori, así como las directrices que daba Dimas al concejal sobre el pago de nóminas, cómo el edil da cuenta de los distintos asuntos del consistorio y cómo el líder del PIL le ordena cómo proceder.
Así, en una de estas conversaciones Dimas Martín le dice al exedil de Hacienda que “a Fomento no le pagues más dinero”, “voy a por ellos”, o que no “pague más” a una emisora de radio porque les están “dando caña” pese a cobrar: “A partir de hoy ni un duro más a la radio”.
El juicio continuará el próximo viernes, cuando está previsto que concluya con la exposición de los informes finales, tanto de las defensas como de la acusación pública y de la que ejerce el Ayuntamiento de Arrecife.
Ródenas reclama, en sus conclusiones provisionales, seis años de cárcel para Martín y ocho para Batllori por, supuestamente, cargar facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a la empresa pública de aguas Inalsa.
La fiscalía acusa a ambos de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación y, en el caso del letrado y exviconsejero, le suma un tercer cargo de falsificación de documentos.
Los otros cuatro acusados eran cargos públicos del PIL: Los entonces concejales de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco, y los responsables de Inalsa en aquel momento, la consejera delegada, Plácida Guerra, y el gerente, Rafael Elorrieta, yerno de Dimas Martín.