Las universidades públicas canarias denuncian su exclusión de la Ley de Ciencia y advierten: “No resuelve los problemas”

“El proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Así resumen los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Francisco García (Universidad de La Laguna) la tramitación de esta nueva norma del Gobierno canario de la que denuncian que no se haya contado con ellos. De hecho, ven “preocupante” que el Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo no haya abierto un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”. Así lo recuerda también el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Los rectores enviaron una carta el pasado 5 de junio por sede electrónica a la Consejería de Universidades y a todos los grupos parlamentarios en la que expresan su “firme desacuerdo”. Consideran que esta exclusión “constituye una oportunidad perdida” y lamentan no haber sido invitadas a participar ni haber sido “consultadas durante la redacción de dicho anteproyecto”, pese a que estas instituciones “aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago”.

“Las universidades públicas canarias desempeñan un rol estratégico e insustituible en la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la transferencia tecnológica al tejido productivo y el desarrollo socioeconómico regional”, inciden los rectores en su carta a los grupos.

En este sentido, proponen incorporar en la norma un título específico dedicado a las universidades públicas canarias, con un reconocimiento expreso de su rol central y singular “como ejes vertebradores del sistema científico-tecnológico regional y garantes de la formación del personal investigador”. También reclaman que se incluyan medidas concretas de impulso a la investigación universitaria. En particular, “la ley debe consolidar los complementos retributivos autonómicos por méritos de investigación que ya se vienen otorgando a los profesores universitarios, y además crear unos nuevos complementos específicos por actividades de transferencia de conocimiento, actualmente inexistentes”.

En el escrito, los rectores hablan de la importancia de contar con recursos humanos y materiales suficientes para sus funciones investigadoras y del apoyo a la formación de doctores y personal técnico, así como de la cofinanciación de infraestructuras y gestión administrativa de I+D. “Sugerimos que la ley canaria incorpore un mandato de financiación progresiva y estable para las universidades en materia de I+D. Por ejemplo, podría contemplarse que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se asigne anualmente una dotación específica creciente para actividades de I+D en las universidades, hasta alcanzar en unos años un porcentaje objetivo del presupuesto”, exponen.

Serra y García observan “con preocupación” que el anteproyecto “no menciona de forma alguna” a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), organismo que actualmente actúa como pieza clave en la promoción y gestión de la I+D+i en Canarias.

“Proponemos, por tanto, incluir una referencia expresa a la ACIISI en el articulado de la ley, reconociéndola como entidad integrante del sistema y adscrita (probablemente) al departamento gubernamental competente en materia de ciencia. Esta inclusión reforzará la legitimidad institucional de la ACIISI, garantizando la continuidad de sus funciones. Además, la ley debería abrir la puerta a la evolución futura de la ACIISI hacia una agencia pública con mayor autonomía (al estilo de las agencias de financiación y gestión científica de otras comunidades)”, exponen.

Los rectores ven clave incidir en el desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva. “Uno de los temas más críticos para el futuro de la ciencia en Canarias es la situación del personal investigador, especialmente el joven talento”, recuerdan. “Valoramos positivamente que el Anteproyecto hable de ”atracción, retención y retorno de talento“; sin embargo, advertimos que ello no equivale a diseñar e implantar una verdadera carrera investigadora pública, estable y profesionalizada”, alertan.

“El riesgo es que esa mención genérica al ”talento“ quede en mera declaración de intenciones si no va acompañada de instrumentos concretos que estructuren una trayectoria profesional clara para los investigadores en Canarias. La precariedad laboral y la falta de oportunidades estables expulsan o desincentivan a muchos jóvenes científicos altamente cualificados, mermando nuestro potencial de innovación”, sostienen.

Hacia una carrera investigadora más atractiva

Creen que en la ley debería incorporarse un conjunto de principios o mandatos al Gobierno para establecer una carrera investigadora canaria que contemple: contratación estable (por ejemplo, implantando figuras contractuales indefinidas o de larga duración para investigadores una vez superadas ciertas evaluaciones); evaluación y promoción por méritos científicos (estableciendo evaluaciones periódicas del desempeño investigador con efectos en la promoción profesional, similares a las evaluaciones de sexenios o tramos de investigación, pero adaptadas a escalas autonómicas) y posibilidades de movilidad interna y externa (facilitando que investigadores puedan transitar temporalmente entre universidad, centros de investigación, empresas o administraciones, sin perder sus derechos, a fin de enriquecer su experiencia).

Además, sostienen que debe fomentarse la vinculación con el sector productivo, incentivando fórmulas de colaboración público-privada (contratos “industriales” en empresas, cátedras mixtas, etc.). “Todo ello orientado a dotar de atractivo la profesión investigadora en las islas, permitir carreras estables y meritocráticas, y retener conocimiento estratégico en el Archipiélago”, apuntan.

Asimismo, proponen la creación de un Programa Canario de Captación y Estabilización del Talento Investigador, dotado con fondos públicos, para ofertar contratos atractivos a científicos.

Otra cuestión que echan en falta en el anteproyecto de ley es la falta de mecanismos orientados a la excelencia científica. “En el texto actual no se contempla la creación de entidades de investigación de alto nivel (sean públicas o públicoprivadas) que den visibilidad internacional a la ciencia canaria”, subrayan. Por ello, instan a incluir en la ley esta perspectiva de excelencia e internacionalización, con referencias explícitas a posibles entidades o instrumentos para lograrla.

“Sorprende profundamente que el Proyecto de Ley Canaria de la Ciencia no contemple un título específico dedicado a la transferencia de conocimiento, especialmente cuando tanto el Presidente de Canarias como la Consejera han manifestado públicamente que esta es una prioridad estratégica de la legislatura”, lamentan los rectores.

Plantean reconocer la transferencia de conocimiento como misión esencial del sistema público de I+D+i, al mismo nivel que la investigación y la docencia y designar a las universidades públicas y entidades registradas como agentes centrales de transferencia. También hablan de crear un sistema de evaluación de la transferencia basado en el impacto social, territorial y económico.

Otras propuestas que realizan pasan por garantizar una representación mayoritaria de las universidades públicas (ULL y ULPGC) en el Consejo Asesor; garantizar el el fomento de la investigación en todas las áreas del conocimiento e incorporar medidas para reducir las trabas burocráticas en la ejecución de proyectos. También reclaman eliminar el Título IV dedicado a la Inteligencia Artificial para evitar que la ley se sesgue hacia una tecnología específica y establecer la obligación de publicar anualmente un calendario orientativo de todas las convocatorias de ayudas en I+D+i, entre otras.