¿Es viable una Ley de Residencia como plantea Clavijo? El estatus de Canarias en la UE y el modelo económico lo complican

“Con unidad política, es posible contar con una Ley de Residencia en Canarias que permita controlar el crecimiento poblacional y favorecer el acceso a la vivienda”. Fueron las palabras que pronunció el pasado mes de marzo el presidente Fernando Clavijo en el Parlamento tras un año de reuniones y grupos de trabajo para analizar el reto demográfico. La medida había sido defendida con anterioridad por Coalición Canaria (CC), que la llevó en la campaña de las elecciones europeas, pero el partido nunca ha detallado cómo la llevará a cabo ni qué implicaría esa hipotética norma. Se trata de una idea que se suma a otra en la que ha incidido el líder del Ejecutivo en las últimas semanas: limitar la compra de viviendas a no residentes. Dos iniciativas que mezclaba hace unos días el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, al decir que apuesta por abordar esa medida a través de “una especie” de ley de residencia. 

La población en Canarias ha aumentado en 124.047 personas en diez años hasta alcanzar los 2.228.000 habitantes en 2024, un crecimiento que es desigual entre islas. Además, el Archipiélago cerró el año pasado con una cifra de 18 millones de visitantes. Los datos llevaron a crear una comisión parlamentaria que ha concluido con una serie de medidas entre las que no figura esa ley que pretende Fernando Clavijo. 

¿Pero es viable una Ley de Residencia? Desde el punto de vista jurídico, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) Fernando Ríos Rull destaca que con el actual estatus de Canarias como región ultraperiférica (RUP) “es bastante complicado”, porque “somos europeos a todos los efectos”. Asimismo, añade que hay un segundo componente y es que esa norma puede afectar a los españoles. “No se podría aplicar a europeos y españoles no. Es decir, si hay algún tipo de limitación la diferencia es entre residentes y no residentes, no internacionales y no nacionales”, apunta. De hecho, la Constitución española establece que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”. 

El profesor agrega que hasta ahora el anuncio es demasiado simple, no se profundiza ni se ponen las cartas sobre la mesa. Si quisiera adoptarse una ley de estas características, Rull subraya que habría que cambiar el estatus de Canarias de RUP a PTU (Países y Territorios de Ultramar) y ahí sí que se podrían poner limitaciones. En cualquier caso, remarca que la clave es cambiar el modelo económico, pasar de uno desarrollista a otro que lo sea menos. “¿Para qué quieres una ley de residencia si vas a tener que traer trabajadores de fuera?”, se pregunta el profesor de Derecho Constitucional, que agrega que este modelo es el que ha llevado a necesitar mano de obra de fuera de las Islas y a que los empresarios digan que no cuentan con suficiente mano de obra para ocupar los puestos de trabajo que genera el turismo. Rull también apunta a que es necesario un consenso social, ya que hay islas que pueden crecer, pero se necesita “planificación”. 

“No es fácil poner límites cuando llegan tantos viajeros de la UE”

José León, profesor de Geografía de la ULL, destaca que la ley de residencia es una medida “difícil en todos los aspectos”. En primer lugar, en el plano legal, ya que Canarias está en la UE, donde hay libertad para residir en los distintos países. Y otra cuestión es que el Archipiélago “vive del turismo” y cree que no es fácil poner límites a las personas que vienen de otros países cuando llegan tantos viajeros de distintas partes de la UE donde hay libre circulación. “Dentro de esas personas que vienen como turistas, ¿cómo discriminas a los que vienen realmente como turistas y se van? ¿Y los que vienen como turistas, sobre todo procedentes de Latinoamérica, y luego se quedan para intentar buscar trabajo en Canarias y regularizar su situación?”, se pregunta. 

El geógrafo recuerda que son poblaciones que huyen en Latinoamérica de situaciones políticas y sociales de sus países. “Entonces, eso no es fácil de controlar”, incide. Además, apunta que existe una demanda laboral y que esas personas que no tienen su situación administrativa regularizada ocupan muchos empleos como el sector de los cuidados ante el reto que supone atender a la población envejecida. “Canarias es una región que ya se ha envejecido, que tiene más del 20% de la población mayor de 65 años y una parte importante de población de más de 80 años”, resume. 

José León también incide en que aplicar una ley de residencia cambiaría el modo que tenemos de relacionarnos con el mundo y hace alusión a las políticas empleadas por Trump en Estados Unidos, con “una persecución a aquellos que son un poco distintos”. “Es verdad que no se puede crecer de manera indefinida y tal vez habría que establecer una fórmula para que saliese información de qué empleos necesitamos y regular a la gente que viniese. Eso sería una fórmula más racional para intentar cubrir los puestos de trabajo que no cubrimos y de esa manera habría más posibilidades de negociar, de que los salarios fuesen mejores (hay que tener en cuenta que Canarias tiene los salarios más bajos de España)”. 

Y añade que otra cuestión que no se ha resuelto es que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) hay 157.000 personas en paro en las Islas, lo que se contrapone a los 15.000 o 20.000 puestos de trabajo que no se cubren con la población que hay en Canarias. “El grueso de esa población en desempleo no quiere los empleos de baja cualificación y duros en los servicios” y “es contradictorio en esta región que se necesiten más de 10.000 personas para trabajar y haya todo ese desempleo”, pues “seguramente no coinciden los deseos de esa población con la oferta de empleo que se hace en una comunidad que crece tanto, que los servicios crecen como consecuencia del turismo, pero también otras actividades como el cuidado de personas, el trabajo en la construcción, en la agricultura, que en gran medida se cubre con personas procedentes de la inmigración”. Por ello, aclara que son puestos de trabajo que hay que cubrir “para que las sociedades sigan funcionando”. 

“El mayor impacto lo produce el turismo”

La catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experta en Geografía Humana Josefina Domínguez es tajante: “No estoy a favor de una ley de residencia”. Señala que han sido numerosas las ocasiones a lo largo de la historia de Canarias en que esta idea ha vuelto a surgir. “Eso en parte estuvo relacionado con una comisión que se creó en el año 2000 y que estuvimos trabajando en el año 2001 con especialistas en Derecho sobre esas cuestiones, sobre Derecho del Trabajo fundamentalmente, para ver las posibilidades de poner en marcha una ley de residencia para evitar la competencia entre inmigrantes y la población local en materia de empleo, etcétera. Y finalmente, después de todos los debates siempre concluimos que no se veía apropiado”, resume. 

“Yo sigo defendiendo la misma idea, sé que han pasado muchos años, que las circunstancias son distintas y realmente yo no considero que una ley de residencia sea necesaria, entre otras cuestiones porque, por ejemplo, no se puede implantar con respecto a los inmigrantes comunitarios, es decir, procedentes de los países de la Unión Europea porque hay una libre circulación entre todos los miembros de la UE”, expone. 

Cuando en la actualidad se alude a la ley de residencia se hace referencia a la falta de vivienda. “Pero una cosa es adoptar alguna medida en relación con la vivienda, con el acceso a la vivienda por parte de la población extranjera, y otra cosa distinta es una ley de residencia”, incide Domínguez. 

Sobre la incidencia de la población en el territorio, afirma que “el mayor impacto lo produce el turismo porque son millones los que vienen cada año”. “En relación con la población que viene desde el exterior es verdad que hay que adoptar unas decisiones en materia de, por ejemplo, planificación educativa, de atención sanitaria, etc., pero eso también genera ingresos”, aclara. 

“Es bastante complicado la cuestión de adoptar medidas para regular los flujos migratorios”, destaca Domínguez, que añade que en Canarias se apuesta por un modelo intensivo en mano de obra con actividades productivas como la hostelería que demanda servicios de carácter intensivo en mano de obra (porque se necesitan muchas personas para limpiar los hoteles y muchos camareros para trabajar en la hostelería). “Pues lógicamente se está produciendo una atracción indirecta por parte del mercado de trabajo para la inmigración.  Entonces, regular eso cuando tenemos un libre mercado es muy complicado”, indica. La experta también incide en la idea de que la inmigración está ocupando sectores de actividad que no son deseados por la población local. 

“Se necesita un diagnóstico serio”

No todas las voces expertas se posicionan en contra de una ley de residencia. El catedrático de Geografía Humana en la Universidad Carlos III Guillermo Morales señala que sí es partidario de esa norma y de que se realice “un diagnóstico serio”. Destaca que la “sobrepoblación” afecta especialmente a las islas de Tenerife y Gran Canaria y cree necesario que se tomen “medidas reales y concretas”. Subraya que esta ley no delimitaría derechos a las personas que ya residan en Canarias, pero que es necesario que esa población no siga aumentando. “Yo digo que hay que tomar medidas rápidas y eficaces  y no aumentar”, resume. 

Además, incide en que antes de vincular la población al turismo lo vincularía al territorio: “Canarias tiene 7.560 kilómetros cuadrados”, recuerda, y “nuestro punto administrativo más cercano está a 1.500 kilómetros de distancia”. “No se puede hablar de cifras, incluso las concretas de población, si no tenemos siempre presentes esas realidades físicas que son que estamos al lado de África, a 100 kilómetros. Las islas están muy próximas al continente africano, con el que solo ahora empezamos a tener cierta relación, pero que nunca hemos tenido vinculación. Hemos dado siempre la espalda al continente africano”, apunta. 

Morales asegura que lo que critica en su análisis es “que se permita un ritmo de crecimiento de 20.000 personas cada año en Canarias” e incide en que se requiere una reflexión sobre ello. “¿Cuándo llegue 2030 cuántos seremos? ¿Cuándo llegue 2040 cuántos seremos?”, se cuestiona. Por ello, insiste en la necesidad de contar con un documento técnico, más allá de la comisión de reto demográfico, donde se detallen qué medidas se pueden tomar. 

Entre esas medidas destaca que no se puede permitir que una empresa compre cien viviendas de golpe en Canarias y también alude a otras que ha puesto en marcha, por ejemplo, Malta, que ha implantado un control sobre “el número de vuelos que hay en una isla”. “La inmensa mayoría de nuestros visitantes vienen por vía aérea, entonces yo creo que no debemos seguir creciendo por encima de 17 millones de turistas al año”, expone el catedrático, que no critica el modelo turístico de las Islas, pues considera que “vivimos del turismo”. “Tenemos un ‘know-how’ similar al que tiene Hawái, tiene Malta, tienen algunas islas griegas, es decir, tenemos un modelo económico que es potente. Ahora bien, ese modelo ha servido hasta ahora para llegar a donde estamos”. 

Guillermo Morales habla de “ralentizar” el crecimiento y no de decrecer “porque hay pruebas más que evidentes que en los últimos 30 años estamos creciendo a un ritmo muy superior a lo que crecen nuestros entornos administrativos, que el resto de las comunidades autónomas españolas y muchos espacios de Europa. Por poner algún ejemplo, Baleares”.