Las víctimas del accidente del vuelo JK-5022 de Spanair reclamarán al juez instructor Javier Pérez que investigue las lagunas del último informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) que apuntaba a un error de los pilotos y a un fallo técnico como causas del siniestro, informó a Europa Press una de las acusaciones particulares.
El magistrado prevé conformar en las próximas semanas una nueva comisión pericial dependiente del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para investigar el origen del accidente al margen de las conclusiones de la CIAIAC.
La Comisión de Investigación determinó que se rebasaron tres barreras de seguridad que llevaron a una configuración inadecuada: la lista de comprobación para configurar el avión, las listas de comprobación para confirmar y verificar la configuración que tenía el avión y los TOWS --sistema de alerta sonoro encargado de advertir a la tripulación-- que no alertó de que ésta era “errónea” en el momento del despegue.
La mayoría de los peritos que conformaban el anterior grupo de expertos designado por el propio instructor del sumario fueron recusados por las partes al considerar que estaban contaminados. Además, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) rechazó investigar las causas de la catástrofe al declararse no competente para ello.
Sistemas afectados
Las acusaciones particulares están interesadas en conocer ciertos aspectos que la CIAIAC dejó fuera de su informe. Sus dudas se refieren a qué sistemas del relé R2-5, que alimenta la sonda de temperatura y otros sistemas, afectó el fusible que desconectó el técnico imputado Felipe G. tras registrarse un problema en el calefactor de la sonda que mide la temperatura exterior.
“No se sabe a cuántos sistemas afectó la desconexión del fusible”, aseveró a Europa Press uno de los letrados de la acusación, quien cree que se deberían haber tomado “ciertas precauciones” que recogía el manual de equipamiento mínimos (MEL) de Boeing.
Las acusaciones particulares sospechan que Felipe G. mintió en su declaración al afirmar que consultó el MEL para saber cómo actuar ante el problema detectado en el RAT. Este técnico y el jefe de mantenimiento de Spanair en Barajas están imputados por 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes.
Por otro lado, los abogados que representan a las víctimas solicitarán al magistrado que les entregue una copia digital del contenido de la caja negra relativa a los datos que recogen los parámetros de la configuración del avión. Las acusaciones se quejan de que el informe de la CIAIAC omite esta cuestión.
Sin embargo, el informe de Fomento recoge que la transcripción de los datos contenidos en la caja negra del avión permitió a la CIAIAC determinar que los pilotos no realizaron todas las comprobaciones previas al despegue.