Violencia de género

La violencia de género en mujeres migrantes: “No quería denunciar por si me deportaban”

“Cuando fui a denunciar tenía mucho miedo por el hecho de no tener papeles. Ya antes había sufrido abuso psicológico, pero nunca me atreví a denunciar. Si hubiera sabido que no pasaba nada, lo habría hecho antes, pero no quería ir a denunciar porque no sabía las consecuencias, por si me deportan o multaban”. Es el testimonio de María (nombre ficticio), que reside en Canarias y procede de un país africano, aunque ha preferido salvaguardar su nacionalidad. Su caso no es aislado y ese miedo responde a un patrón del que advierten las expertas y que se sustenta en la dura ley de extranjería española. Un reciente informe elaborado por las ONG Por ti mujer, Red Aminvi y Mujeres supervivientes de violencia de género ha concluido que “son muchas las mujeres que se quedan al margen del sistema”, por lo que se incrementan las cifras de feminicidios. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el año pasado en España fueron asesinadas 43 mujeres por su pareja o expareja, de las cuales 19 eran extranjeras, un 44,2%. Un dato llamativo si se tiene en cuenta que las mujeres migrantes suponen un 11% de la población femenina en este país y que responde a numerosas casuísticas que las alejan de las instituciones. 

El estudio, que lleva por título Violencia de género en mujeres migrantes residentes en España, recuerda que cualquier mujer independientemente de su situación administrativa tiene derecho a que se le garanticen los derechos reconocidos en la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, existe aún una violencia estructural que “produce indefensión jurídica, social y revictimización”. El miedo a no ser creídas es mayor para aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. A ello se le añade la “desinformación” o “el miedo a las consecuencias sobre su situación migratoria, a la denuncia, a la petición de orden judicial de protección” o finalizar “el vínculo matrimonial con el victimario suponen, muchas veces, el mantenimiento de la convivencia con este y el silencio de la víctima”, detalla el informe. Tejer redes entre mujeres y asesorarse en organizaciones que se dedican a esta atención es clave, destaca la trabajadora social con perspectiva antiracista Jésica Pestana, que añade que la mayoría de las mujeres migrantes con las que ha trabajado sufren esta situación en silencio. María señala que precisamente, gracias al respaldo de las trabajadoras sociales del centro para mujeres en su situación donde reside, decidió acudir a la comisaría. “¿Pero cuántas no tienen esa red de contactos?”, añade la trabajadora social. 

Marcela (nombre ficticio y de quien también se preservará su nacionalidad) llegó de un país de Latinoamérica a Gran Canaria para reunirse con su pareja. A las pocas semanas, él empezó a impedirle salir a la calle sola y buscar trabajo. “Fue muy difícil. Yo no podía salir de su casa si no era en su compañía”, asegura. El día que lo acompañó a una cita en el Servicio Canario de Empleo tuvo constancia de que existía este organismo y descubrió que existían otras oportunidades laborales. “Con esas citas pude abrir los ojos y darme cuenta de la enorme cantidad de mentiras que me había dicho respecto al sistema de vida, a otros aspectos laborales y en todos los sentidos”, recuerda. El aislamiento que sufrió por entonces se acentuó debido a que no conocía a nadie más en la Isla, solo a su pareja. 

En Gran Canaria no tenía ni familiares ni amistades y el dinero que había ahorrado durante meses de trabajo en el extranjero mermaba poco a poco. Cuenta que estuvo un tiempo sin conexión a internet desde su teléfono ya que no podía gastar mucho dinero al no saber cuándo volvería a trabajar. Con todas estas circunstancias, Marcela señala que estuvo un tiempo “incomunicada''. Esa desconexión con el mundo exterior le impidió conocer que en España existen mecanismos y una legislación específica para luchar contra la violencia de género y por eso no denunció su caso. En aquellos momentos no conocía la existencia del teléfono 016 para alertar de un caso de malos tratos o que las mujeres que estuvieran atravesando esa situación podían acceder a algún tipo de ayuda económica o habitacional. A ello se le suman los escasos recursos económicos con los que contaba y que le impedían tomar la decisión de marcharse, ya que en caso de romper la relación no disponía de más opciones que quedarse en la calle. ”El desconocimiento es lo que crea esta situación de calvario, esa crisis en la que una tolera cosas inadmisibles“, remarca. 

El informe sobre violencia de género en mujeres migrantes, que ha sido financiado por PICUM (red de organizaciones que defiende los derechos de los inmigrantes en Europa), también refleja esta cuestión. “Tienen dificultades para acceder a lugares donde recibir dicho asesoramiento. Algunas son víctimas de un excesivo control, por ejemplo, no poder ir a ningún sitio sin dar explicaciones. Otras creen tener la información correcta aunque ésta en realidad sea errónea. Además, aquellas mujeres inmigrantes que no han podido integrarse por el aislamiento social que conlleva la violencia de género tienen mayor desconocimiento de la legislación nacional y de los recursos que están a su disposición”, expresa el documento, que añade que en muchas ocasiones acuden a los recursos con temor a que sus maridos las denuncien por “abandono del hogar”. 

Una perspectiva interseccional y antirracista 

El documento recalca que no se puede olvidar la condición de mujer migrante a la hora de hablar de violencia de género, pues esto conlleva a que sean víctimas de múltiples discriminaciones que van sufriendo de forma acumulada como son, además del hecho de ser de mujer, la condición de extranjera, la relativa a su situación administrativa irregular, su condición socioeconómica, etc. De ahí, que resulte necesaria “la valoración de la interseccionalidad de estos casos en los diferentes ámbitos del tratamiento de la violencia de género”. Marcela reafirma esta cuestión al señalar que el hecho de ser migrante, mestiza y que su agresor fuera español fueron condicionantes en su situación. Recuerda que él se había hecho unos cortes para así evitar que ella lo denunciara: “¿A quien le van a creer? Porque él tiene papeles, está regularizado y yo no”, lamenta. “También tenía temor por mi color de piel, por ser de otra nacionalidad, que de cara a las leyes se tiende a favorecer más a una persona nacional”, apunta. 

Jéssica Pestana remarca que es fundamental tener formación en perspectiva de género antirracista por parte de los policías, funcionarios o trabajadoras sociales para ofrecer un mejor acompañamiento. Insiste en que las situaciones difíciles que atraviesan se sustentan en la dura ley de extranjería que aboca a las mujeres en muchas ocasiones a llegar a España por medio de redes de trata o las condenan a trabajos precarios como empleadas del hogar por salarios míseros siendo internas. A ello se le suman las dificultades para regularizar su situación, un trámite que no pueden realizar hasta que pasan tres años y demuestran el arraigo en el país. La trabajadora social explica que otro modo de conseguir regularizar la situación es denunciando las condiciones laborales a las que son sometidas estas personas, algo que en la práctica las personas migrantes no realizan porque quien les explota es normalmente con quién viven o de quien dependen para sobrevivir. Una condena firme por violencia de género es otra forma de lograr un permiso de residencia, pero las mujeres normalmente no denuncian por miedo a “que por ir a una comisaría las vayan a deportar” o porque “desconocen sus derechos”, insiste. 

Notas una frialdad, unas miradas, como que no se lo creen. Yo salí de la comisaría llorando. Hay muchos prejuicios

Pestana afirma que una de las formas más básicas donde comienza la violencia institucional es cuando se ponen trabas al empadronamiento; la prueba con la que a los años podrán demostrar el arraigo. El padrón además es la puerta que va a permitir el acceso a la sanidad y a servicios más asistenciales como los que pueda aportar Cáritas o la parroquia más cercana. Contar con un médico de cabecera asignado es clave para detectar por parte del sanitario o para alertar por parte de la víctima de una situación de violencia de género. La trabajadora social asegura que hay mujeres que tampoco acuden a emergencias por miedo a que les pasen una factura pese a que se puede recurrir a través de la abogada de una asociación. “Si no cuentan con esa información, no acuden por miedo”, destaca. Para la experta es fundamental hablar de ley de extranjería, ya que aunque hayan pasado esos 3 años desde la llegada a España, se requiere de una oferta laboral, de un contrato de 40 horas semanales y se estudia económicamente a la persona que va a realizar ese contrato para comprobar que se cumplen los requisitos. “En un entorno como Canarias, cumplir estas condiciones resulta muy difícil”, añade. 

La violencia económica es otra cuestión a tener en cuenta en esta espiral de violencias, a la que se añaden otras trabas como las dificultades para abrir una cuenta bancaria o para alquilar un piso. La eterna espera para que se homologuen los títulos académicos que las personas migrantes han cursado en sus países de origen es otro de los numerosos impedimentos que alejan más del sistema. El informe apunta también que esta es otra de las trabas con las que se encuentran, así como el hecho de que algunos cursos subvencionados que pueden realizarse en la comunidad autónoma no entreguen el diploma a la persona hasta que haya regularizado su situación, subraya la trabajadora social.

He notado cierto maltrato institucional. Tienen a los africanos muy mal etiquetados

La barrera de los prejuicios sociales

Otra de las barreras a las que se enfrentan las mujeres migrantes es la de los prejuicios sociales con las que se topan en todos los organismos y niveles. María recuerda que el día que acudió a comisaría a interponer la denuncia contra el hombre que la maltrataba, el policía le transmitió a través de su lenguaje no verbal que no la creía. “Notas una frialdad, unas miradas, como que no se lo creen. Yo salí de la comisaría llorando. Hay muchos prejuicios. Y lo peor, es que los tienen las personas que tú crees que pueden ayudarte”, lamenta María. También narra que sufrió los estereotipos impuestos por la sociedad cuando recibió la atención de una sanitaria. “Se puso tan salvaje conmigo. Me preguntó al principio: ¿quién te hizo eso? ¿Las mismas personas que vinieron contigo en la patera? Yo pensé: ¿Y tú qué sabes cómo yo he venido?”. De hecho, en su caso subraya que llegó como estudiante a Canarias para aprender español y seguir formándose.

María apunta al supremacismo blanco, esa superioridad que las personas blancas practican contra las personas racializadas y que es posible encontrar en la universidad, en los bancos, las instituciones y las calles, como piedra angular de todas las situaciones que ha padecido. Recuerda que la primera trabajadora social que la atendió le dijo que no la entendía. Sin embargo, María habla un perfecto castellano. También opina que cuando el agresor es español, se cuestiona más la versión de la mujer en contraposición a cuando es extranjero. Considera que a los profesionales especializados en violencia de género les falta sensibilización y empatía, que deberían centrarse en conocer a la persona y no enfocarse en el lugar del que proceden. “He notado cierto maltrato institucional. Tienen a los africanos muy mal etiquetados, nos tienen por los suelos. Como que no tenemos educación”, indica.

Hacia una mayor protección a las víctimas

El Ministerio de Igualdad está ampliando la estadística de mujeres víctimas de violencia de género para reflejar aquella que se produce fuera del ámbito de la pareja o expareja, unos datos que podrán publicarse en unos meses y que pretende cumplir con el Convenio de Estambul. Además, desde la institución recuerdan que no será necesario denunciar para tener acceso a asistencia jurídica y psicológica, así como en la creación de centros de atención 24 horas y en un plan de empleo para víctimas de trata. El informe resalta precisamente la necesidad de ampliar esa protección a mujeres víctimas más allá de los supuestos recogidos en la española, algo que es especialmente importante para las mujeres migrantes ya que, “al llegar a España, sufren otro tipo de violencias, como por ejemplo las agresiones sexuales”. Las expertas que han redactado este estudio también destacan que hay que dotar de mayores recursos humanos y económicos a las entidades del sector social para que actúen como espacios de protección y primer acceso para las víctimas, algo vital en el caso de las mujeres inmigrantes, “ya que se encuentran en situaciones más complejas al no conocer el lugar, la normativa y no contar con apoyo cercano, lo que limita la toma de decisiones. Es por ello que puede resultar, especialmente para estas últimas, un espacio de refuerzo, empoderamiento y seguridad mucho mayor”. 

El acceso a los recursos socioeconómicos y de salud para las mujeres migrantes también deben ser mejorados, destaca el estudio realizado. Así mismo, remarcan que se deben acortar los procesos burocráticos para superar las barreras administrativas que pudieran derivarse de la situación nacional y migratoria de la víctima y, en su caso, de sus hijos e hijas. Como principal conclusión, tanto las expertas del informe, como la trabajadora social Jéssica Pestana insisten en que para abordar la violencia de género es fundamental aplicar una perspectiva intercultural para abordar toda aquella violencia y discirminación que se sufre de manera interseccional y dotar al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad, así como al resto de personal interviniente desde otras áreas de especialización, de herramientas para poder ofrecer dicha atención integral.