El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el uso de escombros mezclado con amianto para la realización de una rotonda en el municipio de Santa Brígida, Gran Canaria. Desde hace semanas, operarios retiran el material, cuya inhalación es altamente peligrosa, a raíz de una actuación de oficio de la Benemérita junto con la Inspección de Trabajo, que supo de los hechos mencionados gracias a la “colaboración ciudadana”, según revelan fuentes a este periódico. Las diligencias siguen abiertas y se centran ahora en dirimir la procedencia del residuo.
Fuentes del sector de la construcción reconocen a Canarias Ahora que es una práctica habitual el empleo de tierra revuelta con uralita para el relleno de determinadas obras, pues argumentan que la gestión de las placas de fibrocemento con amianto, un residuo peligroso, cuesta mucho dinero y que algunas compañías suelen mezclarlo con escombros y verterlo en otras actuaciones o incluso en descampados.
La mercantil González Montoro, especialista en la retirada de amianto, aseguró a la Cadena Ser que no existe ningún vertedero de este mineral en las Islas. Y ratificó la teoría de que numerosas empresas vuelcan las cubiertas que lo contienen, conocidas comúnmente como uralita, en barrancos o despeñaderos, “con el peligro para la salud pública que eso supone”, dijo a la emisora uno de los responsables del negocio. La ley prohíbe que el amianto se almacene en una misma celda con otros residuos. Según Montoro, en el Archipiélago hay que enviar todo lo encontrado a la península para su eliminación definitiva.
Las imágenes en la entrada del municipio de Santa Brígida, al lado de la Finca El Galeón, un parque agropecuario abierto al público de gran valor ecológico y educativo, muestran a distintos trabajadores ataviados con Equipos de Protección Individual (EPI) haciendo uso de una excavadora para transportar los escombros, que están siendo amontonados en grandes bolsas blancas a lo largo del solar. Los carteles explicitan el “prohibido la entrada a personal no autorizado” por la presencia de amianto. También se exige el uso obligatorio de la mascarilla por esto mismo.
La obra en cuestión es la nueva glorieta de acceso a Santa Brígida, adjudicada a la empresa Hermanos García Álamo el pasado mes de febrero de 2022 por valor de 1,49 millones de euros. La construcción de la rotonda, gestionada por el área de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, fue tramitada por la vía de urgencia a petición del Ayuntamiento satauteño, “ya que una mayor celeridad en la adjudicación contribuiría a mantener todos los movimientos de entrada y salida del casco de la Villa de Santa Brígida (…) en unas adecuadas condiciones de seguridad”.
El consistorio también solicitó la utilización de este procedimiento porque justo en el momento de su tramitación, a fecha de 8 de junio de 2021, otra rotonda, esta de titularidad local, estaba siendo ejecutada prácticamente en la misma zona por el ayuntamiento. Una glorieta que tampoco se libró de la polémica debido a que existían discrepancias entre el gobierno y la oposición con respecto al planeamiento municipal en que estaba amparada. Ahora, casi dos años más tarde y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el acceso a Santa Brígida se sigue haciendo en la misma intersección, en el cruce con el Camino de los Olivos, donde se producen continuas retenciones de tráfico, según se desprende del Plan General de Ordenación Supletorio regional (PGO).
Mientras tanto, vecinos de la zona han manifestado su preocupación ante el movimiento continuo de tierra mezclada con amianto, mineral del que se prohibió su comercialización en 2002 al conocerse que provocaba la aparición de graves enfermedades como el cáncer de pulmón o la fibrosis pulmonar tras largas exposiciones, pero que continúa en cientos de edificios construidos durante el siglo pasado, como el Colegio León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. “Hay viviendas a 50 metros y no se nos ha informado absolutamente de nada sobre el cierre de ventanas o medidas de precaución para niños”, reza en un correo enviado a este periódico este jueves.
El Ayuntamiento de Santa Brígida, por un lado, recuerda que la gestión de esa rotonda todavía sin hacer, de unos 32 metros de diámetro, corresponde al Cabildo de Gran Canaria. La Corporación insular, por otro, se limita a replicar que “la obra sigue su curso con normalidad”. La adjudicataria de la licitación, Hermanos García Álamo, ha sido consultada esta misma tarde, pero de momento no ha habido respuesta. Queda por resolver el origen de los escombros citados, pues podrían ser de la misma zona o haber sido adquiridos por la empresa de otro emplazamiento. Y también por depurar responsabilidades, ya que, a pesar de que la dirección de la obra debería velar por la vigilancia de la misma, fuentes de la Guardia Civil detallan que el Seprona solo pudo actuar gracias a la “colaboración ciudadana”.