El Supremo asume la causa en la que el senador Javier Armas se enfrenta a 11 años de cárcel por vertidos ilegales en El Hierro

El Tribunal Supremo ha decidido asumir una causa contra Javier Armas, senador por El Hierro y de la Agrupación Herreña Independiente, por posibles delitos medioambientales cometidos cuando era alto cargo en el Cabildo de la isla. Se trata de una causa en la que la Fiscalía, antes de que fuera designado senador y, por tanto, quedara aforado ante el alto tribunal, llegó a pedir hasta 11 años de cárcel por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

La investigación se inició hace 17 años, cuando Armas era consejero en la corporación insular. Tras años de retraso, el juicio estaba previsto para el pasado mes de octubre, pero al ser elegido senador en las elecciones de julio (a las que se presentó en alianza con Coalición Canaria) quedó aforado. En mayo también había sido designado presidente del Cabildo de El Hierro, pero perdió este cargo tras una moción de censura liderada por su hermano, Alpidio Armas (PSOE).

En la causa que ahora asumirá el Tribunal Supremo, se encuentran también investigadas la funcionaria del Cabildo María Fabiola Ávila y la exconsejera de la AHI Claribel González. Se les acusa de consentir durante años vertidos ilegales en tres áreas protegidas de El Hierro.

El Supremo ha informado este lunes de que recibió el pasado mes de noviembre una exposición razonada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que informaba del procedimiento en el que se enjuicia al ahora senador y estas otras dos personas por delitos continuados en materia de medio ambiente. En su auto, el alto tribunal constata indicios de la comisión de hechos delictivos por la persona aforada, y se declara competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del senador.

El escrito de acusación de la Fiscalía se remonta a hace casi seis años y en él solicita cuatro años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, otros cuatro por prevaricación y tres por un delito contra la ordenación del territorio. Además, pide para cada uno de los acusados multas que suman 19.800 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un periodo de cuatro años.

La denuncia que destapó el caso

El caso se destapó tras una denuncia de la asociación Ossinissa contra dos puntos de vertido que, a su juicio, atentaban contra el medio ambiente. Uno de ellos se encuentra en la zona de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido Parque Rural Frontera. El segundo se ubicaba en la Zona de Punto Limpio de El Majano y era un desguace de vehículos. En mayo de 2009, el mismo colectivo presentó una ampliación por otro vertedero ilegal, también gestionado por el Cabildo de El Hierro, situado en la montaña denominada La Cumbrecita.

En 1999, el Cabildo cedió la gestión del vertedero de El Majano a Fernando Gutiérrez, secretario de la Cofradía de Pescadores de La Restinga, que está acusado de un delito contra el medio ambiente, aunque en una pieza distinta. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, además de una multa de 6.000 euros.

El escrito de la Fiscalía subraya que en esa parcela se despiezaban los vehículos “con total desprecio por la protección del medio ambiente”, derramando los residuos “al suelo permeable” y sin contar con una zona de descontaminación. El Seprona llegó a contabilizar más de 600 vehículos en una explanada de 14.000 metros cuadrados situada en suelo rústico de protección paisajística. 

En el vertedero de La Dehesa, la Fiscalía describe tres fases. En la primera, se vertían todos esos residuos a zanjas de tres metros de ancho por dos o tres de alta, se quemaban y se cubrían las cenizas con material volcánica. El vertedero se encontraba en “un estado de combustión permanente”; en la segunda, se redactó el proyecto de acondicionamiento para mejorar los accesos y el control al vertedero. El Gobierno de Canarias concedió la declaración de Impacto Ecológico Favorable y se comenzó a utilizar un vaso de vertido. Pese a ello, durante este periodo se siguieron depositando y enterrando residuos mediante las zanjas y la combustión, según el escrito del Ministerio Público.

Dicho escrito de acusación recoge una tercera fase; la aprobación de un nuevo proyecto para el que se le otorgó la autorización ambiental integrada. Sin embargo, se continuó depositando residuos mediante el enterramiento en zanjas y se detectó la presencia de residuos peligrosos con efectos contaminantes en el subsuelo.

Sobre el tercer vertedero incontrolado, el de La cumbrecita, se recoge que hubo informes de la Apmun y del Seprona contra la “actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos de manera incontrolada y sin autorización”. 

El Ministerio Público considera que todas las actuaciones descritas constituyen “atentados contra el medio ambiente” que pudieron llevarse a cabo “a través de la inacción y el consentimiento de los propios acusados”.