Coincidiendo con la publicación este lunes del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que, a partir del 18 de julio, fecha en la que será la entrada en vigor, “se producirán efectos sobre el 86 por ciento del territorio de la ciudad y se abrirá un plazo de un año para que se pueda resolver el fuera de ordenación”, principal aspecto que ha quedado suspendido en el planeamiento.
El mandatario municipal explicó que la publicación representa que la ciudad “sea ahora más segura desde el punto de vista jurídico, tanto para aquellas personas que quieran construir, como a la hora de planificar para el futuro los equipamientos como viviendas o dotaciones públicas. También será un atractivo para las inversiones, representando un instrumento que ofrezca más garantías”.
Bermúdez remarcó que el PGO “nunca ha estado bajo sospecha, a pesar de las vicisitudes que se han podido presentar durante los 14 años que duró su tramitación y los diversos plazos de información pública a los que fue sometido”. Precisamente, la pasada semana se conocieron más detalles de la denuncia presentada por la Fiscalía de la provincia tinerfeña sobre uno de los capítulos que rodeó en el año 2009 la aprobación definitiva del planeamiento, en la que se ha observado, en un principio, hasta tres posibles delitos.
Además, dijo que el PGO contribuirá al crecimiento económico, pero explicó que también tienen que funcionar de manera paralela otros aspectos como la mejora de la crisis y generación de empleo, y que, “por parte de las entidades bancarias, se haga fluir el crédito a las inversiones que se quieran realizar, porque, si no, no habrá reactivación”.
El máximo responsable municipal indicó, al ser cuestionado por si este planeamiento es el que requiere la ciudad, después de 14 años de tramitación, que “habrá que corregirlo en las áreas suspendidas, modificándolo y haciendo una propuesta para que este aspecto quede resuelto. También hay que hacer gestión sobre el mismo una vez aprobado, en aspectos como la concesión de licencias”. Apuntó que a partir de septiembre “estaríamos hablando de una ciudad más viva y dinámica”.
San Andrés
Tras el compromiso adquirido por el Consejo de Ministros con la declaración de urgencia para las obras del dique de San Andrés, el mandatario municipal manifestó que, tras casi un año esperando por este anuncio, “es un avance importante, que permite que la Autoridad Portuaria pueda iniciar la contratación de la obra, lo que representa el principio del fin del problema”.
Señaló, no obstante, que los vecinos del pueblo pesquero, a los que acompañó hace un mes junto a 1.000 firmas que se presentaron ante la Subdelegación del Gobierno para exigir precisamente la celeridad en esta actuación, siguen “viendo con escepticismo todos estos anuncios burocráticos, por algo que llevan esperando ya desde hace 30 años y sin soluciones”. Dijo que la declaración de emergencia adoptada el pasado viernes “nos da la razón en nuestras exigencias y es el fin para las miradas de miedo de los habitantes de esta zona costera”.
Bermúdez espera que ahora comiencen las obras para realizar el dique semisumergido a unos 100 metros de la costa, con lo que se protegerá al pueblo de los embates del mar, sobre todo los que se producen dos veces al año, en junio y septiembre, y que provocan múltiples daños, una medida que, aseveró, “nos hemos comprometido con la Autoridad Portuaria para que inicie esta semana el procedimiento para la contratación de las obras”.