A la campaña de la oposición (CC y PP) contra el pacto progresista de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas Sí Se puede y Avante) se ha unido este jueves el concejal de Ciudadanos Alfredo Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia. El edil ha ofrecido una rueda de prensa de urgencia para presentar “el primer capítulo” de su denuncia contra el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), y algunos miembros del equipo de gobierno por supuestas irregularidades en contratos públicos. Respaldado por el exalcalde José Alberto Díaz (CC) y el portavoz municipal del PP, Manuel Gómez, el también presidente de la Comisión de Transparencia ha explicado con un vídeo, el primero de una serie que publicará en sus redes sociales, las “anomalías” que ha denunciado ante el Juzgado de La Laguna, ampliando la que ya interpuso en abril ante la Fiscalía el exconcejal Javier Abreu.
Alfredo Gómez ha asegurado que “se ha atentado contra las arcas públicas” y que ha detectado “irregularidades en la forma de adjudicación de contratos desde verano de 2019 hasta la actualidad que comprometen a un millón de euros de las arcas públicas”. Además del alcalde, los denunciados son la concejala de Cultura, Yaiza López; el concejal de Hacienda, Alejandro Marrero; la concejala de Fiestas, Carla Cabrera; y Badel Albelo, coordinador de Cultura.
El concejal ha culpado al equipo de gobierno de “priorizar intereses familiares y de amistad frente al interés general”, fundamentándose en supuestos sobrecostes identificados en contratos conconcedidos a la empresa DEVICSERVER S.L. para adquirir mascarillas, botellas de agua o herramientas para tomar la temperatura. El supuesto origen de la trama es la relación sentimental que mantiene el alcalde con la concejala de Cultura, Yaiza López. El objetivo final es, según las deducciones que Gómez ha hecho a partir de “los testimonios de algunas fuentes'', ”rebajar el coste de las reformas que Luis Yeray Gutiérrez hizo en su casa y para las que contrató a esta misma compañía“.
También ha vinculado a una de las empresas que aparece en los contratos que ha presentado ante los Juzgados con el padre del concejal de Hacienda por “compartir edificio”. Preguntado por los periodistas por más detalles sobre esta relación, Gómez ha respondido que lo explicará “más adelante para no generar confusión''.
Una “investigación secreta”
La “investigación” que Gómez ha hecho, “a través de documentación, búsquedas en Internet y redes sociales”, ha sido secreta. Gómez asegura que no ha compartido sus pasos con nadie y niega que tenga relación con la denuncia presentada por Javier Abreu, a pesar de que ambas se hayan publicado bajo el nombre del caso Layca. “Ni siquiera conozco el contenido de la denuncia de Abreu”, aseveró en la rueda de prensa.
La primera persona que conoció su intención de denunciar fue Luis Yeray Gutiérrez, a través de un comunicado oficial. “Por mi responsabilidad como concejal y presidente de la comisión de Trasparencia, Información Pública y Buen Gobierno que me encomendaste, me he visto en la obligación de dar cuenta a la Justicia de lo que aprecio son unas prácticas irregulares”. El Área de Alcaldía fue la que le otorgó el cargo que ahora ocupa, con dedicación parcial, el pasado 29 de julio. Desde ese mismo instante, comenzaron sus indagaciones, en las que asegura que ha invertido ''todo su tiempo y sus recursos“.
Según el relato del concejal de Ciudadanos, los siguientes en conocer el detalle de su denuncia fueron los concejales de la oposición, pero no se ha dirigido a los otros dos partidos que conforman el Gobierno de la ciudad: Avante La Laguna y Unidas Se Puede. A pesar de que en ningún momento se haya puesto en contacto con estos dos grupos, sí les ha lanzado durante su comparecencia un desafío, insinuando que si no le ofrecen sus apoyos, serán “cómplices”.
El concejal de Urbanismo, Santiago Pérez (Avante La Laguna), subrayó en declaraciones a Canarias Ahora que CC ha utilizado a Ciudadanos, aprovechando el declive que sufre el partido, para acusar al gobierno de una práctica que “caracterizó los mandatos del partido nacionalista” en el municipio. ''Si les dieran los números, ya habrían hecho lo que hicieron en Santa Cruz de Tenerife'', dice el también senador, refiriéndose a la moción de censura contra Patricia Hernández (PSOE) en favor de José Manuel Bermúdez (CC) que prosperó gracias a la concejala tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso.
Según el edil, CC también pretende compensar el fracaso de las intenciones de Abreu provocado por su “falta de credibilidad”, al no haber presentado ninguna prueba que demostrara las acusaciones que lanzó sobre Santiago Pérez en su declaración en el juicio del caso Reparos. Abreu defendió bajo juramento que había recibido llamadas para que se “portara bien” en su comparecencia y señalara a Clavijo como responsable de la trama que investiga el levantamiento masivo de reparos de la Intervención del Ayuntamiento para mantener contratos de servicio público sin título habilitante ni concurso.
Santiago Pérez también ha aseverado que el presidente de la Comisión de Transparencia no pidió ninguna documentación oficial a la corporación municipal para presentar la denuncia, sino que la obtuvo “en el mercado negro” por parte de Abreu. Preguntado por la obtención de las pruebas que adjuntó a la denuncia, Gómez ha respondido que “todos y cada uno de los documentos los ha obtenido como concejal de gobierno” porque ha investigado “los decretos que han sido entregados a todos”. “Yo solicité que se entregaran todos los decretos a los grupos de la oposición. Solo los he estudiado y de ahí he sacado estas deducciones. También hay investigación en redes sociales para hacer la vinculación que he encontrado entre las diferentes personas''.
La denuncia contra Gustavo Matos
El último denunciado por Gómez es el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Según el concejal de Ciudadanos, la relación de Matos con esta supuesta trama es que, desde que preside la Cámara, “ha contratado en numerosas ocasiones el servicio de catering de DEVICSERVER S.L.”, que habría instalado una pérgola en su vivienda particular. Además, el presidente de la Comisión de Transparencia ha asegurado que personas de su entorno han recibido amenazas por parte del presidente del Parlamento. “Me han amenazado y he recibido presiones para que no siga adelante con esto”.
Gustavo Matos ha respondido este mismo jueves y ha defendido que ''los hechos descritos son radicalmente falsos y representan un absoluto desprecio por la verdad''. El presidente del Parlamento canario insiste en que el concejal de Ciudadanos no se ha puesto en contacto con él para contrastar la información. “Traté infructuosamente de ponerme en contacto con él para ponerle a su disposición toda la documentación y, además, advertirle de la falsedad de las mencionadas afirmaciones”. Ante la falta de respuestas, Matos ha interpuesto una querella penal contra Gómez por un presunto delito de calumnias e injurias.
Por su parte, el alcalde de La Laguna ha anunciado que lanzará de forma inminente un comunicado ante las acusaciones del concejal de Ciudadanos.