La concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha mediado entre una empresa de cirugía capilar y los sindicatos de la Policía Local de la capital tinerfeña para firmar una oferta para los agentes. El 17 de mayo envió un correo electrónico a los representantes sindicales en el que explicaba que una clínica se había puesto en contacto con ella para ofrecer al cuerpo de seguridad un convenio que ya tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil. “El que no esté interesado me lo dice, porque convocaré una reunión con los dueños en mi despacho para que los conozcan y firmen la oferta”, reza el texto al que ha tenido acceso Canarias Ahora y que ha publicado la oposición en las redes sociales.
Por 2.700 euros, la empresa ofrece consulta previa gratuita, un tratamiento de plasma rico en plaquetas, un trasplante capilar de hasta 4.500 folículos, la anestesia y el test COVID previo a la cirugía, productos para el cuidado del cabello, seguimiento mensual, cuatro informes médicos trimestrales y atención al paciente durante un año. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aseguran que “son varias las empresas que hacen descuentos a funcionarios”, no solo a los de la corporación capitalina. “Es bastante habitual”, apuntan. Sin embargo, hasta el momento no han respondido a las preguntas sobre cómo surgió el acuerdo, si se ha aprobado ya la oferta o por qué la empresa contactó de forma directa con Alonso.
Por su parte, la empresa accedió en un primer momento a ofrecer una entrevista presencial a esta redacción en las dependencias de la entidad. Pocos días después, rechazó la entrevista justificando que la petición de información realizada está en manos del departamento legal de la compañía.
“Ojalá se preocupara igual por los chalecos balísticos, que más de cien compañeros no los tienen aún y los carnavales son ya”, critica el delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada. El sindicato ha enviado un escrito al director del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento, Gilberto Leandro Hernández, para informar sobre “este incumplimiento”. “Si un agente no puede protegerse a sí mismo, ¿cómo puede proteger a los demás?”, cuestiona Illada.
La oposición ha reaccionado a la polémica. “¿Te preocupa que la Policía de tu municipio no tenga un pelazo de ensueño? ¡Se acabó ese sufrimiento! En Santa Cruz de Tenerife la concejala Evelyn Alonso trabaja, junto a clínicas privadas, para que tu agente favorito tenga ese trasplante que tan bien le dejará. Del resto de necesidades…”, publicó el concejal socialista del Ayuntamiento Tino Guzmán.
En mayo, el CSIF envió otro escrito criticando el supuesto “uso político” que la concejala tránsfuga hace de la Policía Local. “¿No había un acuerdo para que no se mostrasen los rostros de los policías locales en las fotografías? Volvemos a reprobar esta difusión de imágenes buscando un mísero rédito político”, señaló el sindicato en relación a unas fotografías publicadas por Evelyn Alonso en su perfil de Twitter con las que felicitaba a los agentes por su “excelente trabajo”.
El sindicato ha exigido al alcalde de la capital tinerfeña que “se adopten las medidas pertinentes para erradicar el descrédito y ataque continuado” a los servicios prestados por los agentes. Además, el CSIF apunta que “el uso político” del cuerpo de la Policía Local por determinados miembros de la corporación local pone en cuestión “ante la opinión pública la imparcialidad y la libertad ideológica” de la plantilla.
Abocada a ser concejala no adscrita
Evelyn Alonso fue expulsada de Ciudadanos por primera vez en 2021, después de que la concejala apoyara la moción de censura contra Patricia Hernández (PSOE) para devolver la Alcaldía a José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), en contra de la posición del partido con el que se presentó a las elecciones.
Ciudadanos ha vuelto a expulsar a la concejala tránsfuga después de que el juzgado de Primera Instancia 9 de Santa Cruz de Tenerife denegara la medida cautelar solicitada por Alonso para suspender la decisión de la formación política. La medida del tribunal la ha abocado a ser declarada formalmente como no adscrita, lo que implica no poder ejercer funciones dentro del grupo de gobierno. En la actualidad, es segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad de la ciudad.