El concejal de XTF en el Ayuntamiento de Santa Cruz José Manuel Corrales insta al resto de fuerzas políticas municipales a que se personen en la denuncia de XTF contra Sacyr por presunto delito societario y de prevaricación en Emmasa.
Según recuerda en un comunicado, hace cuatro meses propuso un acuerdo institucional entre todas las fuerzas políticas del Pleno municipal para personarse en la causa penal abierta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la causa penal contra Sacyr, por presuntos delitos societario y de prevaricación, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 decidiera abrir Diligencias Previas.
La denuncia presentada por Corrales tiene fecha de 26 de julio de 2014 y el abogado en la causa en representación de XTF es Felipe Campos. “Por Tenerife ya exigió en el verano que la intervención que proponía el gobierno sobre Emmasa no fuese un mero paripé”, recalca al tiempo que precisa que “para lograr que no se perdiese medio año como ha hecho el gobierno de Bermúdez planteábamos una serie de exigencias que reiteramos ahora y entre las que figuran: garantizar el funcionamiento del servicio público, revisar el cumplimiento de las inversiones en la red de suministro, congelar las tarifas, revisar todas las subcontrataciones y cuantificar los daños causados a Emmasa y al interés general”.
Al respecto, agrega que “lo que se ha aportado por parte de XTF al Juzgado de Instrucción número 2 son tanto los resultados de la auditoría que se hizo a Emmasa como el informe técnico de la Intervención municipal como pruebas para sustentar los argumentos de que Sacyr ha cometido un presunto delito societario en los años que lleva gestionando el servicio del agua en la capital tinerfeña”.
Además, explica que “el Juzgado deberá dirimir si la entrega de esos documentos también vendría a demostrar que se cometió presuntamente un delito de prevaricación cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz optó por sancionar a la gestora de Emmasa en lugar de romper el contrato”.
A su vez, argumenta que “ambas cuestiones son de interés para este pleno que, imaginamos que deseoso de acabar con malas prácticas, tendrá interés en personarse en la causa para acceder a toda la información y lograr que los responsables respondan ante la Justicia y ante las vecinas y vecinos de Santa Cruz a los que todos, los que nos sentamos en el salón de Plenos, representamos”.
Corrales subraya que Sacyr Vallehermoso ganó el concurso para hacerse con el control de Emmasa porque en su oferta “puso que iba a invertir más de 150 millones de euros en la capital tinerfeña. Sin embargo, de los resultados de la auditoría se desprende que desde el 2006 y hasta el 2012, de esos más de 150 millones solo se pudieron verificar como inversiones más de 13 millones. El resto, casi 137 millones de euros, Sacyr se los ha estafado a los santacruceros, pues es un dinero que no ha gastado en la ciudad, y esta cantidad no solo habría servido para mejorar la red, sino que también habría creado puestos de trabajo”.
A su modo de ver, “los números son escandalosos”: en el caso de que el socio mayoritario en Emmasa no haya realizado inversiones en 2013 y tampoco las realice en lo que queda de este año, “Sacyr habría dejado de invertir unos 200 millones de euros. En seis años, Sacyr Vallehermoso ha estafado a esta ciudad la misma cantidad de dinero que figura en el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz en un solo año”.
Además de que Sacyr no ha cumplido con la inversión a la que se comprometió en 2006 cuando firmó el contrato, “en la documentación puesta en conocimiento de los juzgados también se destaca que Emmasa era una empresa con beneficios –declaraba más de un millón de euros en beneficios el mismo año en el que Sacyr se hizo con su control– antes de pasar a manos privadas. Aún así, dos años después de la firma del contrato, Emmasa tiene pérdidas por más de dos millones de euros, algo muy extraño”, apostilla.
Por tanto arguye que “es necesario que el Juzgado descubra si se falsearon las cuentas y transfirieron todos los activos de Emmasa a otras empresas filiares del grupo para que la empresa de aguas de Santa Cruz tuviera pérdidas. De esta manera, hubieran podido justificar una subida de las tarifas del agua en la capital tinerfeña, lo que podría constituir un delito societario”.