La Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) de Santa Cruz de Tenerife estaría obligada a bajar la tarifa del agua el próximo año en un 0,5 por ciento. En el contrato de privatización de este servicio, la adjudicataria Sacyr-Vallhermoso introdujo una cláusula según la cual el precio de la prestación de cada año se fijaría según el Indice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto del ejercicio anterior. De esta manera se rompe la tendencia alcista que ha llegado a encarecer el precio del agua en la capital tinerfeña en un 16,5 por ciento desde que fue privatizada en el año 2006.
En todos los ejercicios se ha incrementado el recibo bimensual que pagan los chicharreros desde entonces, excepto en el año 2009, en el que, por efecto de la crisis, se produjo una deflación que situó este índice en un -2 por ciento que la empresa tuvo que aplicar aunque no de demasiada buena gana. De confirmarse ahora el IPC provisional de agosto, los ciudadanos se verán con la agradable sorpresa de que su recibo no solo no se sigue incrementando, sino que incluso baja en un 0,5 por ciento. Aún así, lo cierto es que el descenso apenas suma alrededor de 50 céntimos al mes, un euro por recibo para un consumo medio que equivale a 150 euros al año.
Haciendo un recorrido histórico de este incremento habría que decir que, cuando la compañía asumió el servicio en 2006, se encontró con una subida del 3,5 por ciento. El año siguiente fue del 2,2 por ciento y en 2008 llegó al 5,5 por ciento, la mayor en la historia de Emmasa. Al año siguiente, sin embargo, se produjo un hecho difícilmente repetible, ya que el IPC bajó un 2 por ciento y ese recorte lo tuvo que aplicar la empresa. Durante 2011, la subida se situó en el entorno del 1 por ciento, en función de la inflación de 2010, y en 2012 ya alcanzó el 2,9 por ciento. En 2013 llegó al 2,7 por ciento y ahora se sitúa de forma provisional en el -0,5 por ciento para 2014.
Desde Emmasa se ha optado siempre por hablar de actualizaciones en vez de incrementos del precio, y señalan que el encarecimiento del agua se debe a que debe adquirir este recurso a pozos de propiedad privada. En la Península, por ejemplo, se abona la décima parte de estos costes ya que la propiedad del agua es pública. Sin embargo, lo cierto es que, cuando esta prestación estaba en manos públicas, en muchos ejercicio el recibo llegó incluso a bajar sin depender del IPC y, además, la empresa presentaba siempre superávit. Hace algunas semanas, desde el grupo de gobierno se lanzó el anuncio de que iban a intervenir en Emmasa, pero poco más se ha sabido de la efectividad real de aquella medida. Los chicharreros, según los estudios que anualmente realiza la Federación de Consumidores en Acción (Facua), son los españoles que pagan las tarifas más elevadas por el consumo de agua de abasto.