El Gobierno de Canarias ha acordado la suspensión temporal del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, en el ámbito de Cabo Llanos, para implantar la Ciudad de la Justicia, ha informado este miércoles la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
El acuerdo es de la comisión autonómica ambiental y ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias, se indica en un comunicado en el que se explica que se trata de un procedimiento excepcional de suspensión de planeamiento y el establecimiento de normas sustantivas transitorias, que se tramita a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
El consejero autonómico responsable de la Consejería de Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha remarcado la importancia de este “hito para que este ambicioso proyecto salga adelante y permita dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente en Cabo Llanos”. Si bien se concentra en Cabo Llanos está “distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar”.
El Documento Ambiental Estratégico, que se ha hecho oficial en el BOC, incluye información general del proyecto, tal como su localización y descripción geográfica, objetivos de las normas sustantivas transitorias, ámbito del objeto de suspensión y otros aspectos más específicos.
Entre esos aspectos más específicos se citan los efectos previsibles sobre los planes territoriales y sectoriales, las medidas ambientales propuestas, el análisis de vulnerabilidad y otras propuestas previstas para realizar un seguimiento ambiental a esta iniciativa.
Entre otras medidas, se propone realizar un cálculo de la huella de carbono de las nuevas actuaciones y edificaciones previstas, teniendo en cuenta los datos y proyecciones conocidas para Canarias, e incluir la previsión de espacios de sombra en todo el ámbito (incluso en los itinerarios peatonales) para minimizar los efectos del calor en la zona prevista.
También se refleja que el ámbito de las normas sustantivas se localiza fuera de espacios protegidos y que este entorno se encuentra altamente antropizado y urbanizado, por lo que no existen recursos naturales de relevancia ni especies catalogadas como vulnerables o amenazadas.
Este procedimiento se hace oficial tras haber realizado las consultas preceptivas a todas las administraciones implicadas, tales como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo tinerfeño, todas las consejerías del Gobierno de Canarias o los ministerios de Defensa, Asuntos Económicos o de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se agrega en el comunicado.