Gracias a la movilización y a las aportaciones de particulares y colectivos, la asociación Justicia y Sociedad ha logrado reunir los 28.000 euros que la Audiencia Provincial le exigía para que pudiera seguir ejerciendo como acusación popular en el caso Las Teresitas. La solicitud de esta medida partió del abogado del empresario Ignacio González, uno de los trece acusados de la que está considerada una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Canarias.
El plazo para depositar esta cantidad culminaba este viernes, pero se hizo efectiva ante la propia Audiencia un día antes, el jueves. Justicia y Sociedad está presente como acusación en este caso desde que la Fiscalía Anticorrupción presentó su denuncia en el año 2006. Los miembros del colectivo consideraban indispensable seguir ejerciendo este papel con el fin de evitar que, por ejemplo, las partes intenten llegar a un acuerdo antes de que comience la vista oral, que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre.
La cantidad fue fijada teniendo en cuenta que las indemnizaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ejerce como actor civil, suman 52 millones de euros, que es el dinero que desembolsó para comprar el frente de la playa. También se determinó por la envergadura de este juicio en el que participarán cerca de medio centenar de testigos y peritos.
El auto está suscrito por el presidente de la sección segunda de la Audiencia, Joaquín Astor Landete, a quien Justicia y Sociedad trató de recusar basándose en la declaración de un testigo protegido que aseguró que González contaba con un “hombre en los juzgados de Santa Cruz” cuyo nombre era “Landete”. El colectivo solicitó que se investigara esta declaración, tal y como se hizo con otros extremos dados a conocer por el testigo protegido. Sin embargo, lo cierto es que la recusación fue rechazada y finalmente presidirá la sala que llevará a cabo el juicio de Las Teresitas.