Miembros de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la web Chage.org en la que bajo el lema Por salud democrática, derribemos el mamotreto reclaman el apoyo de la ciudadanía para conseguir que se ejecute la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que ordenaba la demolición de la polémica construcción ubicada a la entrada de la playa de Las Teresitas.
Esta iniciativa va acompañada de un manifiesto en el que el colectivo expone y argumenta los motivos de sus reivindicaciones, que ha sido suscrito por más de una veintena de representantes de la cultura y la sociedad isleña, entre los que destaca el Premio Canarias de Literatura, Carlos Pinto Grote.
El documento sostiene que “después de dejar sentado que la construcción del mamotreto de Las Teresitas es ilegal y condenar por eso a varios concejales y técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, la sentencia que ordena el derribo del edificio, sospechosamente, deja la puerta abierta a demoler sólo aquella parte del mismo que invade el dominio público marítimo terrestre, aunque el resto del edificio también invade la servidumbre de protección de ese espacio”.
“Basándose en esto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, digno sucesor del convicto Miguel Zerolo, se ha apresurado a decir que el mamotreto debe conservarse”, agrega.
Asimismo, argumenta que “un descomunal despliegue mediático se ha puesto en marcha para entorpecer, si no impedir, la ejecución de la sentencia, a la vez que no paran de lanzar disparatadas propuestas sobre los posibles usos que se les podría dar al adefesio. Entre ellas, destaca la aportada por Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, y Dámaso Arteaga, concejal de proyectos urbanos, infraestructuras y obras del ayuntamiento capitalino, quienes no tienen rubor en plantear que el mamotreto se destine a sostener un puente y la carretera elevada, a más altura que el castillo de San Andrés, para acceder a una rotonda al inicio de la playa”.
No obstante, la plataforma señala que si esta propuesta saliera adelante, el mamotreto, que está construido sobre arena y sus cimientos socavados por varias riadas, sería entonces sólo una parte de la nueva perversión ambiental que produciría un impacto visual aún más horroroso“.
Igualmente, inciden en que “numerosos actos de protesta, concentraciones y manifestaciones populares, han demostrado la oposición vecinal a este desmán urbanístico. Además, dos acuerdos plenarios del Ayuntamiento y varias sentencias judiciales lo han ratificado, pero los grupos de poder económico, que desde hace más de treinta años mueven los hilos de las marionetas municipales que desgobiernan Santa Cruz, no lo admiten, desoyendo incluso la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de modificar el planeamiento urbanístico para legalizar un construcción que es ilegal”.
“A pesar de ello -subraya- el alcalde Bermúdez, obediente a las órdenes de esa oligarquía caciquil, manifiesta que utilizará todos los medios legales a su alcance para que ese ilegal monumento a la corrupción municipal siga donde está, aunque para legalizar el delito tenga que recurrir al fraude de reformar el recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, pues con él en la mano el inacabado edificio de aparcamientos no puede seguir donde está”.
Por todo ello, los miembros de la plataforma aseveran que “ha llegado la hora de establecer un contrato ético entre la ciudadanía y sus representantes que rompa la connivencia mafiosa entre política y dinero; donde los ciudadanos tengan voz sobre los asuntos que les afectan y donde los gobernantes manden obedeciendo a la ciudadanía”.
En este contexto, abogan por “una ciudad solidaria, donde los poderes públicos hagan frente a la pobreza, el desempleo y la exclusión social; una ciudad donde se impongan normas urbanísticas que impidan la especulación del suelo”.