El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, tras la declaración del exconcejal Javier Abreu en el marco del caso Reparos, señala que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, además a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del exalcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”. Será en ese momento --añade-- “cuando explique lo que tenga que explicar sobre unas declaraciones vertidas en un juicio, en un acto procesal, en el que la Fiscalía estaba presente y por tanto tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y en consecuencia nada que objetar al criterio de la Fiscalía”.
La fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha solicitado a la jueza instructora del caso Reparos la apertura de una investigación judicial por un presunto delito contra la administración de justicia después de que el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu haya declarado que se siente amenazado por el entorno del denunciante, el hoy concejal del grupo de gobierno en esa ciudad Santiago Pérez.
Abreu, que declaró en calidad de investigado -el único que hasta el momento ha renunciado a su derecho a guardar silencio- defendió su gestión y la de los exalcaldes laguneros Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, también involucrados en la misma causa, por levantar más de cien reparos del interventor municipal para prorrogar contratos a empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de La Laguna.
Santiago Pérez reitera que “lo que deba explicar lo haré en sede judicial, si soy citado al efecto”; pero advierte que “las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor”.
“Es un ataque contra mí –añade--, pero también destinado a minar la credibilidad del interventor, y eso es grave. Además, no es él el único que advierte con reparos de ilegalidad en estos expedientes, también lo hacen muchos otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control todos ellos en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad”.
“Así que no es la primera vez --siguió-- que tengo que afrontar una reacción y unos ataques de esta naturaleza como los que se prodigan hoy en algunos medios de comunicación, los rescoldos de lo que ha sido durante demasiado tiempo un Régimen muy degradado, instalado en las principales instituciones del Archipiélago”. Medios de comunicación (Cadena SER, El Día y La Provincia) que, según Pérez, “no han considerado noticiable la reapertura del caso Grúas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, que le aplica un nuevo correctivo a la jueza que decidió archivarlo --a imitación del Juez Marchena, del Tribunal Supremo-- sin explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión”.
Santiago Pérez recuerda que “lo mismo ocurrió con el caso de Las Teresitas y todo el mundo sabe cómo terminó, y sobre todo con la recuperación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 100 millones de euros, que es la suma que se le había defraudado a los contribuyentes santacruceros”.
Este caso, que tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes, ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo.
Es un caso que se sustenta exclusivamente en documentación oficial, que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento (cuya función es controlar previamente la legalidad de cualquier acto o resolución que conlleve obligaciones económicas para la Hacienda del Ayuntamiento y por lo tanto para los intereses de los contribuyentes laguneros).
Las cuatro denuncias que “formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y en mi opinión delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios y cargos públicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delito”.
El caso Reparos fue denunciado por el concejal de Urbanismo en enero de 2018, “después de llevar advirtiendo al Gobierno municipal de entonces desde principios de 2016”. “Así consta literalmente en las actas del Pleno”, asegura. Pero “no hacían el menor caso”, “en una especie de burla” a la función de control que desde el punto de vista legal ejercen el Interventor y los funcionarios públicos y, desde el punto de vista político, la oposición. Una “burla” que se prolongó a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Es, decir hasta que cayó el Gobierno de CC tras las últimas elecciones, añade Pérez.
Y deja claro que “desde entonces no se ha producido ninguna resolución del nuevo Gobierno en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención. Y esto lo ha recogido un Informe de Intervención General remitido al Pleno recientemente”.
Tras un largo período de “pasividad” por parte del Juzgado y de la Fiscalía, a mediados de 2019, y después de solicitar insistentemente al Juzgado que diera impulso a la investigación, “presentamos un escrito en la Fiscalía Anticorrupción relatando en qué consistía el caso Reparos, fundamentando que estaba dentro de sus competencias, invocando el Estatuto de esaFiscalía Especial y solicitando que ejerciera sus atribuciones”.
La Fiscalía Anticorrupción examinó el asunto y pasó a impulsar la acusación pública mediante un informe muy argumentado, de 156 folios, que se conoció hace algunos meses. “Esta es la realidad de lo que ha ocurrido”, concluye diciendo.