El pasado mes de enero, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó la propuesta de Unidas Podemos para estudiar la gratuidad de las guaguas municipales aduciendo que “ustedes empiezan hablando de guaguas gratis, y luego qué vendrá […]. Le dirá usted a los conductores que no van a cobrar, que no se les va a pagar la gasolina o que los vehículos que se compren no los vamos a pagar…”
La barriosesamización de la política vacía de calidad deliberativa el espacio democrático. ¿Imaginan a los conductores de las guaguas de la ciudad francesa de Dunkerque, que son gratuitas, sin cobrar sus nóminas, sin pagar el combustible y, además, sus guaguas embargadas por los impagos? Tiene gracia que quienes caricaturizan a Unidas Podemos, atribuyéndole adicción a la demagogia, deban ser diagnosticados por tal dolencia.
Todos los grupos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazaron estudiar la viabilidad de la propuesta de gratuidad de las guaguas municipales que, si fuera viable, se aplicaría después de la crisis económica actual. Una propuesta que, por cierto, sólo tenía sentido acompañada por la implementación de los 26 kilómetros de carril bus-taxi previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la prioridad semafórica, la reorganización de líneas y el incremento de frecuencias, entre otras medidas.
La medida tendría un coste de seis millones de euros adicionales al año, si se asumiera una gratuidad completa. Esta cifra representa el 2% del aumento de la subvención para vuelos de residentes al 75%. O, mejor aún, la podemos comparar con los 4,4 millones de euros perdidos por Santa Cruz, entre 2016 y 2021, a raíz de la bajada del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, una medida fiscal que incentiva la movilidad insostenible. Por supuesto, nunca hemos cuantificado a cuánto asciende el dinero que destina el municipio a la movilidad privada.
El problema es que la movilidad insostenible sí crece de manera sostenida y, pese a la retórica oficial (o gracias a sus efectos sedantes), jamás se adoptan medidas contundentes para empezar a cambiar de modelo. Pensemos que, entre 2014 y 2018, el tráfico de entrada a Santa Cruz de Tenerife aumentó en 7.232 vehículos diarios. Lo que supone un consumo energético anual adicional de más de 500 toneladas equivalentes de petróleo. Para entender lo que esto significa, en términos de sostenibilidad, pensemos que la propuesta del Ayuntamiento de dotar con placas fotovoltaicas y aerogeneradores una parte de la Avenida de Anaga para suministrar alumbrado, semáforos y tomas para vehículos eléctricos ahorraría 473 toneladas equivalentes de petróleo al año. Es decir, sólo el aumento del tráfico neutraliza el ahorro energético de una medida estrella de sostenibilidad que, sumada a otras cinco propuestas, ahorrarían menos del 1% del consumo energético total del municipio.
Los datos muestran que los discursos oficiales de sostenibilidad son poco más que el homenaje que el vicio rinde a la virtud: las medidas prácticas tienen poco alcance y, en cualquier caso, es el modelo de movilidad insostenible el que de verdad crece. Santa Cruz tiene 798 vehículos por cada mil habitantes, frente a los 683 de la otra capital canaria y los 770 del Archipiélago. En el municipio sólo se realizan 45,3 viajes por habitante en guagua pública urbana al año, frente a los 93,3 de Las Palmas de Gran Canaria. Se mire como se mire, Santa Cruz de Tenerife es más competitiva en materia de insostenibilidad. Aunque en la jerga del día a día político esto último se traduce como “apuesta por la sostenibilidad”.
Por supuesto, el modelo de movilidad insostenible es regional y goza de muy buena salud: en el período 2015-2019 el parque de coches de Canarias creció en 28.633 unidades cada año (37.812 vehículos anuales). Si pusiéramos en fila esos 143.166 nuevos coches, acumulados en cinco años, ocuparían más de 420 kilómetros…
No es casualidad que, en marzo de 2019, el Parlamento de Canarias aprobara un Dictamen Sobre la situación del transporte en las islas en el que afirmaba que “el transporte privado tiene un crecimiento desmedido”, constataba que no hay medidas de “potenciación del transporte público” y señalaba que “Canarias posee infraestructuras relativamente mejores que otros territorios más desarrollados”. Es más, el Parlamento criticaba la constante construcción de nuevos viarios que crean “un circulo vicioso: más coches, se saturan las carreteras, se hacen más carreteras, que atraen a nuevos coches, en una espiral que resulta insostenible”.
En realidad, esa “espiral que resulta insostenible” va a seguir aumentando: el área metropolitana contará con una nueva autopista de seis carriles al sur del Aeropuerto de Los Rodeos. Más aún, en el pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife del pasado mes de enero, se evidenció un apoyo mayoritario a otra autopista de cuatro carriles, que se construiría con posterioridad y tendría un trazado con menos impacto que la vieja propuesta de la Vía Exterior. Y eso que, ya en 2005, el Avance del Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Comarca del Área Metropolitana indicaba que “no existe escasez [de carreteras] en el área metropolitana, ya hay una alta densidad si se compara con otros territorios”. Pues bien, parece que habrá más de 300 millones de euros para esas autopistas y parece que no habrá financiación para impulsar de manera contundente las guaguas públicas. Sigue la cotidiana “apuesta por la sostenibilidad”.
En marzo de 2019, Miguel Becerra, director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife declaraba que “el problema de las colas no se va a solucionar haciendo más carreteras. Habrá un par de años que se aligerará el tráfico, pero en tres o cuatro volveremos a la misma situación”. Este tipo de declaraciones son frecuentes entre nuestros (ir)responsables públicos. De hecho, hay un consenso en que la solución pasa por el transporte público colectivo y no por más y más vías para más y más coches. Sin embargo, las propuestas para dar pasos sustanciales en tal dirección siempre naufragan. ¿Por qué?
La respuesta nos remite a un viejo problema con mucho porvenir: quienes gobiernan nuestras instituciones tienen el gobierno. Pero el poder lo tienen los grandes empresarios del cemento, de la importación de vehículos, de las empresas de comunicación… Y esos empresarios tratan a nuestros gobernantes como medianeros. Que, curiosamente, aceptan comportarse como medianeros.
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