Santa Cruz tira abajo una ruinosa fábrica ocupada durante años por personas sin hogar

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

La demolición parcial de la antigua fábrica de Celgán, en el barrio de Tío Pino, ha dado comienzo este martes a iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha tenido que pedir autorización judicial para desalojar a varias personas que seguían pernoctando en este lugar pese a la inseguridad y a las malas condiciones de salubridad. 

El concejal de Planificación Territorial, Carlos Garcinuño, explicó que la obra se centra en la parte del edificio que presenta un riesgo de colapso, mientras que el resto del conjunto se ha tapiado y precintado para evitar el acceso de personas al interior.

Garcinuño avanzó que los trabajos de demolición propiamente dichos podrán estar finalizados en dos o tres días y que en un plazo de dos semanas se culminará toda la obra con la gestión de los residuos generados, “puesto que éstos deben ser tratados de manera específica en función del material del que se trate”.

La demolición se lleva a cabo por el procedimiento de ejecución subsidiaria, lo que implica que los gastos generados por la misma -en torno a 260.000 euros- se repercutirán a la empresa propietaria del edificio.

Precisamente los trámites administrativos de notificación a la propiedad han retrasado el inicio de la demolición, al tiempo que la Gerencia de Urbanismo solicitaba judicialmente el permiso para actuar sobre el inmueble, autorización que fue concedida el pasado mes de mayo.

 

“Esta actuación lleva unos trámites que son de obligado cumplimiento, pero desde que el juzgado nos dio el permiso pertinente, la obra ha sido adjudicada con celeridad”, señaló el concejal.

Este edificio en ruinas de la capital tinerfeña fue durante años el lugar elegido para dormir por personas sin hogar. La corporación municipal ha atendido en los últimos dos años a una treintena de personas y a las que se ha derivado a  los recursos de asistencia municipales o a otros de carácter sociosanitario.

Con el derribo del inmueble, el Ayuntamiento da respuesta a un problema no sólo de seguridad para las personas que habían hecho suyo el lugar, sino también de salubridad, dadas las condiciones en la que se encuentra.