El Cabildo de Tenerife ha tenido que recular, y mucho, tras comprobar que su intento de sacar adelante el polémico reglamento de servicios del parque nacional de Las Cañadas del Teide (espacio protegido que gestiona por delegación de la Comunidad Autónoma esa Corporación insular) no será posible según el procedimiento que inicialmente había seguido, pues ya sabe que debe esperar a que el Gobierno de Canarias antes apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión de ese mismo espacio natural. Lo más sorprendente de todo es que la nulidad de pleno derecho de aquel proceso se estudia y confirma tras una alegación presentada durante su etapa de información pública.
En efecto, se lo había advertido Podemos y diferentes colectivos y personas que trabajan en ese parque nacional, el más visitado de España, mediante alegaciones al reglamento en su fase inicial de aprobación y cuando salió a información pública a principios de este año. En ellas se afirmaba, por sorprendente que hoy resulte, que no era correcto aprobar ese trámite sin el otro, previo al ser de superior jerarquía normativa y competencia autonómica.
La decisión de paralizar el procedimiento fue confirmada este miércoles por el consejero de Medio Ambiente en el Cabildo tinerfeño, el socialista José Antonio Valbuena, que avanza, por esta misma razón, que las previsiones de la Corporación insular se han alterado en cuanto a los plazos, de modo que los trámites ahora se demorarán hasta el año 2019.
Tenerife Ahora ya adelantó en agosto pasado que el Cabildo de Tenerife pretendía dar marcha atrás al proceso, o sea, frenarlo, al tener acceso al escrito oficial de respuesta a los alegantes que dieron en el clavo: “La aprobación definitiva del reglamento de servicio en los términos que se había planteado tiene que ser reformulada y seguramente sometida nuevamente a trámite de información pública”, se aseguró en ese documento de respuesta.
Las alegaciones (presentadas por círculos de Podemos en Adeje, Arona, San Miguel, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife y por otros colectivos de trabajadores, con más de 500 firmas) defendían que “tanto la ordenación normativa como la gestión del parque nacional son competencia de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, un reglamento de servicios de una Administración local no es un instrumento válido para regular el modelo”.
La reglamentación que proponía el Gobierno insular (formado por CC y PSOE) ha generado controversia social y política por algunas medidas que prevé, entre ellas cobrar por actividades y usos ahora gratuitos, como el acceso al pico del Teide, la utilización de aparcamientos o el servicio de senderismo.
La entrada al parque nacional se llegó a decir que sería de pago para los turistas, aunque no para los residentes, según llegó a matizar José Antonio Valbuena. Luego, más tarde, se afirmó que los turistas tampoco tendrían que desembolsar una cantidad por entrar al parque nacional. Ahora, todo lo que recogía ese proyecto de reglamento no sirve de nada.