El Cabildo de Tenerife gasta casi 90.000 euros en actualizar el estudio de impacto ambiental del tren del sur

El Cabildo de Tenerife ha encargado a Metropolitano de Tenerife por 89.600 euros la actualización del estudio de impacto ambiental del tren del sur con un plazo de ejecución de ocho meses.

Así lo ha avanzado la presidenta, Rosa Dávila, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que se retoma así la tramitación de este proyecto, que quedó “paralizado” en debido a la “falta de impulso” y “ambición” del Gobierno del PSOE y CS (la pasada legislatura) “que no dio seguimiento a la planificación y a la renovación del estudio de impacto ambiental”.

La presidenta ha apuntado que este estudio “es un paso clave” para reactivar esta infraestructura que es fundamental para “descongestionar” las carreteras de la isla y reducir las emisiones de CO2.

Según el Cabildo, el tren del sur permitirá conectar Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje en 39 minutos a una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, y con capacidad para trasladar a unas 67.000 personas al día, y una vez que se haya completado el estudio de impacto ambiental se podrá dar trámite a la nueva declaración. El coste total de esta infraestructura está estimado en más de 2.000 millones de euros, por lo que, para poder hacer frente a este gasto, el Cabildo lleva meses impulsando el que sea el Estado quien corra con la mayor parte de la inversión y que esta sea fraccionada en tramos de unos 400 millones, sin que hasta ahora se ha explicado qué garantías hay de disponer de financiación para los sucesivos tramos una vez iniciada la construcción y que esta no quede inacabada.

Por otro lado, según un estudio encargado por el propio Cabildo de Tenerife para analizar 17 propuestas para mejorar la movilidad en la isla de Tenerife, el tren quedaba en segundo plano, siendo otras alternativas como los aparcamientos disuasorios y los carriles BUS-VAO las mejor valoradas y, además, más económicas.

Pese a ello, la presidenta Rosa Dávila (Coalición Canaria) ya anunció al comienzo de su mandato que el tren era una prioridad para su equipo de gobierno (CC-PP), mientras que ha sido tachado de “disparate económico” tanto por grupos ecologistas como por Sí Podemos Canarias en la pasada legislatura.

Ahora, Dávila ha vuelto a explicar que la construcción del tren se hará por fases para que a finales de 2027 se pueda sacar a concurso el tramo que uniría San Isidro con la zona turística de Costa Adeje, punto en el que se mueven más de medio millón de vehículos cada día.

En esa línea ha indicado que este tramo “no pasa por ningún enclave ambiental que esté protegido” por lo que no espera problemas con la declaración ambiental.

La presidenta ha dicho que el Cabildo cuenta con la “alianza” del Gobierno de Canarias y el propio Ministerio de Transportes con el que se trabaja para que el proyecto se incluya en la red estatal (si bien hace semanas el ministro Óscar Puente en una entrevista cuestionaba la capacidad de gestión de las administraciones canarias con proyectos de este tipo).

Así, si el proyecto forma parte de la red estatal podrá captar fondos del Gobierno de España y de la UE, que puede cubrir hasta el 70% de la inversión, cifrada en unos 800 millones solo para la primera fase.