El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este miércoles que la redacción del proyecto del tren del sur y la tramitación medioambiental de este estarán culminadas a finales de 2018, de ahí que se pueda comenzar con las expropiaciones en 2019.
Esa es la previsión que ha expuesto en un desayuno informativo, en el caso de que el Estado incorpore partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, una opción que cree que no debe estar afectada por la próxima firma del convenio de carreteras.
Según dijo Alonso, la construcción de nuevas vías en la comarca va a “aliviar” la congestión del tráfico, pero no ha ocultado que la solución definitiva pasa por el transporte guiado, en el que habría que aplicar el mismo criterio que se utiliza en la Península.
Alonso ha dicho que el sur representa en la práctica una conurbación de unos 2.000 kilómetros cuadrados, al estilo de ciudades como La Coruña, Zaragoza o Málaga, que disponen de servicio de tren, lo que justifica la inversión en la isla.
El Cabildo ya ha sacado a licitación la redacción de proyectos por importe de 3,2 millones -Fomento destina en este ejercicio 2,8 millones- y la construcción de la red alcanzará los 1.800 millones, aunque probablemente esta cantidad subirá finalmente por la actualización de los costes.
En principio, el recorrido constará de unos 80 kilómetros distribuidos en siete paradas entre Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje, con una duración de 42 minutos, aproximadamente.
Sobre el cierre del anillo insular, Alonso ha comentado que la revisión del proyecto del tramo Santiago del Teide-El Tanque -el Gobierno de Canarias ha adjudicado los trabajos por 332.000 euros- estará culminada en junio, de ahí que el Cabildo, a través de un convenio con el Ejecutivo, licite la obra a lo largo del próximo verano.
En el encuentro con los periodistas, Alonso ha descartado la ejecución de un túnel que conecte La Orotava con Güímar, un viejo proyecto insular recuperado en las últimas semanas por la alcaldesa sureña, Carmen Luisa Castro (PP). Ha comentado que, aparte de las “incertidumbres” que plantea el proyecto desde el punto de vista ambiental, la inversión “no está justificada” porque no afecta al tráfico del área metropolitana, la zona más congestionada de la isla.