El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), ha rectificado lo que en su día aseguró en el sentido de que el precio del edificio de 13 plantas en Cabo Llanos que se intentaba comprar a dedo a una empresa de Antonio Plasencia (Carlacand) se basó en la tasación de un funcionario público, lo cual no era así, pues solo había una empresa externa, Tinsa, que un técnico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo adscrito al Cabildo, se limitó a validar al carecer de medios, formación y datos para hacer una tasación propia.
Ahora, semanas después, Carlos Alonso ha reconocido este miércoles, en el programa Buenas tardes, Canarias, de la TVAC, que lo que efectuó un funcionario del IASS fue la reseñada validación, ya que este organismo público del Cabildo no tenía un técnico competente para hacer tal análisis económico.
El presidente insular además anunció que, tras la polémica suscitada, se convocará un concurso público [oferta pública de inmuebles] a finales de febrero en el que esta vez se hará “una tasación definitiva” del inmueble que se adquiera “con funcionarios de la Corporación insular”.
Alonso, lejos de aclarar los extraños entresijos de un expediente cuyas anomalías ha contado con todo detalle Tenerife Ahora y que motivaron que todos los partidos, excepto CC, retiraran el apoyo a la compraventa tal cual estaba formulada, consideró que en este asunto “todas las cosas se han hecho bien” y que “durante un año se buscaron inmuebles y se visitaron hasta 10. El único que encontramos fue este”, en alusión al de la empresa Carlacand, de la familia del empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar.
En este punto, reiteró polémicas declaraciones anteriores: “Todo el mundo habla de Plasencia, pero yo de los enfermos; hay un coste político en esta compraventa y yo lo asumo. Pero yo no me presento a un concurso de belleza, sino para solucionar los problemas de la gente. Para mí lo importante no es que el propietario esté condenado, sino solucionar el problema de los mayores, la necesidad de más plazas de dependencia”.
Sobre su aún socio de gobierno en el Cabildo, los socialistas, que en este asunto se han desmarcado tras apoyarlo inicialmente, el mandatario insular atribuyó su viraje a que “han primado intereses políticos” para hacerle un “desgaste”, y añadió que “lo que piensa el PSOE dentro del Cabildo no es lo mismo que lo que piensa el PSOE fuera”, al punto de que “algunos consejeros de ese partido me dicen que si tuvieran que votar de nuevo esta compraventa volverían a hacerlo a favor”.