El Club Deportivo Tenerife ha afirmado este jueves que en todas las operaciones inmobiliarias en las que ha participado ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones legales, y ha actuado siempre “con total respeto por el ordenamiento jurídico y el interés público”.
En un comunicado publicado en su página web, el CD Tenerife indica que hasta la fecha no ha tenido conocimiento de que ninguna autoridad del Cabildo Insular de Tenerife instruyera un expediente en el que se investigara operaciones en las que hubiera participado, por lo que entiende que en el ámbito administrativo se le ha privado de su derecho de audiencia y se le ha provocado indefensión.
Se refiere el Tenerife al envío por parte del Interventor del Cabildo del expediente de compra de los terrenos anexos a la ciudad deportiva del CD Tenerife, ubicada en Geneto, al entender que podría existir un presunto delito de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable, tal y como desveló esta semana el periodista David Cuesta en Mírame TV y Canarias Ahora.
Fue en 2012, cuando el Cabildo, bajo la presidencia de Coalición Canaria, compró por 18,9 millones de euros dos fincas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP de África Occidental SA, ubicadas en la ciudad deportiva de Geneto, cuyo precio se infló mediante una tasación que elevó el coste un 524% por encima del valor de mercado; una operación que ha sido denunciada por el interventor general de la Corporación, Antonio Messía de Yraola, por la posible existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración desleal ante la Fiscalía Provincial, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.
En su comunicado, el Club Deportivo Tenerife afirma que pone a disposición de la Fiscalía y de las autoridades contables competentes para proporcionar cualquier información de la que disponga sobre su intervención en las operaciones a las que se refiere la denuncia presentada por la Intervención del Cabildo.
Agrega que el club, en aplicación de la ley, se ha dotado de un sistema de organización y gestión corporativa diseñado para que sus representantes, directivos o empleados no puedan cometer delitos en su actuación por cuenta de la sociedad y en beneficio directo o indirecto de la misma.