Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife respalda la decisión del Cabildo de evitar el derribo de una casa terrera en Puerto de la Cruz.
El fallo desestima el recurso de la empresa Tena e Hijos, SL, contra la resolución de la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, que en febrero de 2016 denegó las obras de demolición del inmueble y la construcción de un nuevo edificio de cuatro viviendas.
La empresa recurrió según una supuesta falta de motivación, pero el juzgado replica que la resolución del Cabildo puso de manifiesto que “el inmueble en cuestión es testimonio de casa terrera que responde al tipo edificatorio característico de la arquitectura tradicional, por lo que cuenta con valores desde el punto de vista del patrimonio histórico cultural que lo hacen merecedor de protección”.
La casa, ubicada en la calle Pérez Zamora, se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006. El debate de fondo parte de las dos opciones que planteaba el conflicto: permitir solo una construcción retranqueada hacia el interior de la parcela y conservar la casa rural o demoler el inmueble para construir una edificación completa de nueva planta.
El promotor que solicitó la licencia se apoyó en un informe externo para justificar su decisión de demoler la vivienda, tal y como previamente le había reclamado la Comisión Insular, que pidió a la empresa una nueva propuesta de intervención.
El nuevo proyecto se puso sobre la mesa del Cabildo en noviembre de 2015. El arquitecto Francisco Álvarez Abrante, perito en la vista oral que se celebró en julio de 2017, concluyó que la casa terrera se encuentra en “estado ruinoso” y que “no posee ningún valor arquitectónico ni elementos susceptibles para su conservación”.
El arquitecto contratado por el promotor reconoció que “el único elemento a conservar es la fachada existente en la planta baja”, por lo que aportó una solución para evitar el retranqueo y remontar la nueva edificación unos 50 centímetros sobre la cornisa de la vivienda.
La propuesta fue contestada por la arquitecta del Cabildo Mónica Rodríguez, que emitió un informe el 11 de enero de 2016 para solicitar el pronunciamiento de la Comisión de Patrimonio Histórico, que se produjo tres días después.
El órgano insular se reiteró en su dictamen de noviembre de 2013, que avalaba la conservación del vivienda existente e integrarla con la posibilidad de una remonta con la edificación adyacente, tal y como recuerda el fallo judicial.
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