La oposición considera “gravísimo” el uso de antibióticos prohibidos en humanos en agua que llega a la población
Los principales partidos de la oposición en el Cabildo de Tenerife, Podemos y el Partido Popular (PP), aseguraron este miércoles a Tenerife Ahora que desconocían por completo que se hubieran producido “vertidos” de un antibiótico, un derivado del cloranfenicol (no apto para uso humano), en aguas luego recogidas por el canal del norte, con el que se suministra a parte de la población en la isla.
El problema con ese vertido sin control y protocolo se dio al menos en el mes de julio, como ha reconocido el propio Cabildo, cuando se suministró un tipo de pienso medicalizado a las truchas de la piscifactoría de Aguamansa, a raíz de un problema de estas en la piel que parece que está ocasionado por el aumento de la temperatura del agua con origen en una galería cercana. Hay que saber que el agua que circula con curso continuo por esa explotación acuícola luego se utiliza para el consumo humano en algunos municipios de la vertiente norte y en zonas del área metropolitana, tras ser distribuida a través del llamado canal del norte.
Esa explotación acuícola es de titularidad pública y depende del área de Medioambiente en el Cabildo insular, gestionada por el consejero José Antonio Valbuena (PSOE). Este medio de comunicación ha podido conocer que existe un informe técnico suscrito por un área de ese mismo Cabildo que alertaba acerca del peligro de verter antibióticos al canal, pese a que el responsable del servicio de Gestión Forestal lo haya negado a este periódico digital. Durante todo este miércoles, se ha intentado recabar la opinión del Valbuena sobre este asunto, algo que ha sido imposible por el momento.
El informe reseñado fue emitido por especialistas en la materia y este asegura, por ejemplo, que “es gravísimo el problema de salud para las personas (de salud pública) por las comprometidísimas consecuencias que conlleva” ese uso médico en las truhas. A su vez, el documento cuestiona que tampoco se cuente con las medidas adecuadas en la misma explotación, tales como “que se tenga nombrado a un veterinario oficial que sea responsable de la gestión sanitaria y de medicamentos en la piscifactoría”.
El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, indicó sobre este problema que lo desconocía y aseguró que su grupo político va a pedir explicaciones al consejero insular José Antonio Valbuena: “No conocíamos el asunto, lo cual nos lleva a otra cuestión, que es la falta de transparencia por parte del Cabildo insular. Lo que se puede extraer [de la exclusiva informativa] es de mucha gravedad, y vamos a pedir toda la información que sea necesaria. Además, preguntaremos en el próximo pleno [el de finales de mes] y hemos decidido presentar una iniciativa destinada al consejero de Sostenibilidad y Medioambiente”.
Sabaté explicó a Tenerife Ahora que, aparte de pedir explicaciones por el vertido de antibióticos al canal del norte, planteará que se abra un debate sobre la piscifactoría de Aguamansa: “Consideramos que hay que abrir el debate de si es necesario mantener esa instalación, que se construyó en los años setenta [por el Estado], en otro contexto económico y climático”.
En el lado del PP, el consejero Sebastián Ledesma actuó como portavoz y consideró de “gravísima importancia” la información, que, igual que Podemos, ellos desconocían. Ledesma dijo que este asunto incluso podría ser llevado al Ministerio Fiscal, ya que “puede tratarse de un delito contra la salud pública”.
El mismo consejero resaltó que esta no sería la primera vez en que José Antonio Valbuena cometería errores: “Si José Antonio Valbuena conocía este asunto, tiene que dar explicaciones. No es la primera vez que comete errores. Ya los ha cometido cuando se demostró su incompatibilidad porque percibía un sueldo del sector privado, o bien en este verano con el asunto de la recogida de cereales. Este es un caso más, y el Cabildo ya tendría que haber salido a dar explicaciones”.
El portavoz del PP para este este asunto afirmó que van a pedir “todas las explicaciones que sean necesarias y a comprobar que se cuenta con las autorizaciones y los permisos adecuados”. En caso de que no sea así, “el PP pedirá que se cierre la piscifactoría”.