El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha registrado una moción de cara al pleno del próximo viernes para que esta institución se pronuncie en defensa de la necesidad de distribuir entre todas las comunidades autónomas a los menores extranjeros no acompañados que, en la actualidad, se encuentran en Canarias, sumando varios miles, que no pueden ser atendidos de una manera adecuada.
Todo ello después de que la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería fuera rechazada este martes en el Congreso de los Diputados gracias al voto en contra de “un Partido Popular que, de esta forma, deja sola a Canarias frente a un grave drama humanitario e incumple sus acuerdos con Coalición Canaria en las diferentes instituciones, ya que este partido ha formado parte del bloque favorable a la reforma”.
“La posición del Partido Popular es inexplicable e inaceptable”, ha explicado la consejera socialista Marián Franquet, quien ha agregado que “votar en contra del reparto de menores inmigrantes no tiene sentido, lo miremos por donde lo miremos”. El Partido Popular -subraya- forma parte del Gobierno de Canarias y “Manuel Domínguez es vicepresidente del señor Fernando Clavijo, que ha estado negociando la modificación de una ley en contra de la cual ha votado el partido del vicepresidente”.
Marián Franquet se ha cuestionado “de qué Gobierno es vicepresidente el señor Domínguez”, ya que, en su opinión, “ha traicionado al pueblo de Canarias, que va a tener que afrontar en solitario una de las mayores crisis humanitarias de Europa y, sobre todo, a miles de niñas y niños adolescentes, que vienen solos a Canarias y a quienes les están robando el futuro”.
La moción recuerda que en los últimos años se ha producido una intensificación de la inmigración, con especial afectación a comunidades autónomas como Canarias, donde en los últimos ocho años el número de menores extranjeros no acompañados ha aumentado un 221,4%, lo que ha llevado a que se suscite el debate sobre la conveniencia de dar una acogida adecuada a todos ellos en los diferentes territorios.
Las competencias en materia de extranjería son exclusivas del Estado, mientras que las de protección de menores de edad corresponden a las comunidades autónomas, lo que deriva en la necesidad de modificar la Ley de Extranjería para dar un trato digno a los casi 6.000 niñas y niños que acoge Canarias.
Por tanto, la moción socialista pide a la corporación que manifieste su apoyo a la modificación legislativa, ya rechazada, de manera que se garantice la solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas con Canarias y no se deje, como ocurre en la actualidad, a la voluntariedad de las mismas.