Se han confirmado los peores pronósticos en una parte del ámbito laboral de las islas y también hay que decir que la voluntad de las patronales canarias no ha llegado a cumplirse, sino más bien todo lo contrario.
Los resultados obtenidos por las inspecciones selectivas programadas dentro del Plan contra la Explotación Laboral del Gobierno de Canarias (puesto en marcha por la Consejería de Empleo, que dirige Patricia Hernández, también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico), lejos de mejorar respecto al primer avance porcentual sobre el fraude detectado en los contractos examinados (el realizado por Hernández el 16 de noviembre pasado, entonces en el 33%), han empeorado, y mucho, pues el balance final, al término de todas las actuaciones (las concebidas para el periodo de agosto a noviembre, hasta el 20 de este mes), alerta de que el 40% de las relaciones laborales analizadas se pueden catalogar como fraudulentas. Ello significa que cuatro de cada diez documentos vistos por los inspectores no se ajustan a la legalidad.
Uno de los principales problemas detectados a través de estas actuaciones especiales y selectivas es la existencia de contratos por menor tiempo de trabajo del que en realidad se realiza, algo que se ha convertido en casi una tradición en los últimos tiempos, como denuncian un día sí y otro también las organizaciones sindicales con representación en el archipiélago.
El Plan contra la Explotación Laboral, que se inició en agosto pasado y cuyas batidas terminaron el 20 de este mes, incorporó el 11 de octubre pasado a 32 inspectores más, que sumaron sus esfuerzos de control a los especialistas que ya participaban en el citado programa regional.
A esos últimos 32 efectivos se les asignaron 1.284 intervenciones, prácticamente todas centradas en actividades turísticas, comerciales y de la construcción, justo dentro de un segmento en el que se sospechaba que podía haber más fraude.