El Instituto Tecnológico de Energías Renovables (Iter), propiedad del Cabildo de Tenerife, lleva dos años buscando fórmulas para vender los bitcoins adquiridos mediante el minado de esta moneda digital en el mandato pasado, un mundo “opaco” en el que la corporación insular no debe participar, según su presidente, Pedro Martín.
El presidente ha repasado en un pleno extraordinario las irregularidades detectadas en esta empresa pública, cuya función es impulsar las energías renovables: falta de licencias urbanísticas, conexiones ilegales para obtener suministro eléctrico, cesión de terreno para albergues de animales, irregularidades laborales y adjudicación de contratos a dedo.
Uno de los asuntos en los que ha incidido es en la propiedad de bitcoins a nombre del Iter, para cuyo minado se utilizó el superordenador del instituto, y que ahora el Cabildo no sabe cómo liquidar.
El expresidente del Cabildo Carlos Alonso, actualmente al frente del principal grupo de la oposición (CC), justificó el minado de bitcoins, no por la vertiente monetaria o financiera de la moneda digital, sino por el elemento tecnológico, el “blockchain”, que es “muy relevante”. Indicó que en su día el valor de esos bitcoin fue de unos 10.000 euros, que llegaron a valorarse en cuatro millones aunque finalmente ha retrocedido la cotización, explicó Alonso.
“No se ha hecho ninguna transacción, no tiene relevancia como activo financiero sino como desarrollo tecnológico, lo que se hizo fue analizar cómo se puede generar bitcoin utilizando una tecnología nueva como el 'blockchain'”, dijo Alonso.
Pedro Martín replicó que el bitcoin es “una herramienta opaca” y no es el cometido del Iter ni de su superordenador minar monedas digitales, que ahora son muy difíciles de vender. Explicó que el Cabildo no encuentra un operador o una entidad bancaria para vender sus bitcoins y los informes jurídicos desaconsejan utilizar las plataformas de transacciones online de criptomonedas, que atraviesan “una crisis brutal” y en las que se han pirateado y robado monedas.
Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo, aportó que es muy problemático para una empresa pública como el Iter vender bitcoins y que se ha explorado la posibilidad de ponerlos a nombre del consejero delegado para su liquidación, pero es un asunto delicado porque supondría un incremento patrimonial para esa persona.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, dio cuenta de otras actuaciones para regularizar la situación del Iter, con informes, auditorías y regulaciones laborales que han supuesto un gran consumo de tiempo y dedicación solamente para que el instituto recupere su normalidad.
Entre las irregularidades citó vulneraciones de la legislación sobre contratos públicos, sobre empleo y sobre subvenciones y se refirió a adjudicaciones directas de contratos de servicios por más de 100.000 euros.
Otras deficiencias son instalaciones fotovoltaicas sin licencia, edificaciones sin autorización, incluidos los principales edificios del Iter y sus viviendas bioclimáticas, ausencia de proyectos de urbanización y falta de permisos de actividad.
Laboralmente, había irregularidades como complementos injustificados, salarios diversos para los mismos cometidos y contratos en fraude de ley, cuestiones que se han regularizado, relató Pedro Martín.
Denunció además que el consejero delegado de Canalink, que vivía en Barcelona y viajaba a Tenerife un par de veces al año, pasaba todo tipo de gastos por sus traslados y estancias, incluido un espectáculo medieval en el sur de Tenerife.
El enganche ilegal a un aerogenerador para suministrar electricidad a oficinas y laboratorios y el sorteo por navidades de pagas extras o días adicionales de vacaciones entre los empleados son otras irregularidades detectadas.
Además, se está tratando de resolver una cesión de 10.000 metros cuadrados de suelo industrial para un albergue de animales por 25 años prorrogables a una entidad privada alemana sin licencia ni título habilitante, dijo Martín.
Carlos Alonso, de CC, acusó al equipo de gobierno de seguir “mirando por el retrovisor” después de cuatro años “sin atender a lo importante, que es qué puede hacer el Iter para seguir impulsando el desarrollo económico y técnico”.
Puso en valor la trayectoria del Iter y su importancia para el desarrollo de energías renovables, las infraestructuras de telecomunicaciones y la vigilancia volcánica en Tenerife.
Reconoció que ha habido algunas irregularidades detectadas en las auditorías, pero defendió que siempre hubo control jurídico en los procedimientos de contratación.
Alonso denunció el estancamiento del Iter en esta legislatura y la necesidad de que se dote al instituto de una dirección técnica.
Zaida González, del PP, dijo que si se han detectado irregularidades el grupo de gobierno debe presentar las denuncias oportunas donde corresponda y recordó que en los mandatos pasados el PSOE gobernaba el Cabildo en alianza con Coalición Canaria y apoyaron con sus votos todo lo que ahora denuncian.
La representante del PP reclamó que al frente del Iter esté un gerente con formación científica y técnica y calificó de oscurantista la gestión que se desarrolla actualmente.
Por Sí Podemos Canarias, José David Carballo mostró sus dudas sobre las informaciones del presidente del Cabildo respecto a que todas las irregularidades han sido solucionadas y acusó a Pedro Martín de promover este pleno extraordinario por motivos partidistas ante las elecciones.