Los complejos turísticos de multipropiedad (timesharing) que la empresa Silverpoint Vacations tiene en el sur de Tenerife constituyen la principal fuente de ingresos de un enorme entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales. Un procedimiento de liquidación en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York ha destapado la existencia de un extenso grupo corporativo con más de cien entidades de 16 jurisdicciones diferentes. Gran parte de ellas, incluidas las situadas en la parte superior de la estructura, están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales centros internacionales de creación de empresas offshore.
Esta red se nutre “primordialmente” de las rentas de Silverpoint Vacations, empresa multicondenada en los tribunales españoles por las irregularidades en la comercialización de este tipo de productos turísticos, e investigada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por sus maniobras para esquivar las sentencias que le obligan a devolver cuantiosas sumas de dinero. El socio único de Silverpoint es Tradeway Corporations, sociedad con sede en Panamá que, a su vez, está vinculada a Caribbean Overseas Holding, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.
La empresa matriz del grupo es Limora Investments Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2008 por el empresario británico Robert Trotta, promotor de complejos de lujo, fallecido en 2017. Esta sociedad es, precisamente, la que se encuentra inmersa en el procedimiento de quiebra en el Tribunal de Bancarrota de EEUU. En diciembre de 2018, el grupo Limora contrató a la empresa Álvarez&Marsal para que investigara su posición financiera. Los dos liquidadores nombrados centraron su análisis en Tenerife, en las áreas de gestión de operaciones, y descubrieron no solo “la mala praxis” de estos equipos, sino además “transacciones del todo sospechosas” en cuanto al deudor (Limora), sus activos y sus empresas afiliadas. Además de los complejos en Canarias, el entramado tiene hoteles en Tailandia y Reino Unido y propiedades en Italia, así como una rama dedicada al alquiler de coches de lujo.
Silverpoint Vacations, que dispone de cuatro clubes en el sur de Tenerife (Beverly Hills Club, Hollywood Mirage Club, Beverly High Club y Club Paramount), está siendo investigada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife a raíz de una denuncia presentada por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA) ante las enormes trabas con las que se están encontrando los exclientes de la empresa para recuperar sus inversiones a pesar de la existencia de decenas de sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Una de las vertientes de esta denuncia apunta al desvío de fondos de Silverpoint a sociedades instrumentales ubicadas en el extranjero. Un informe financiero desvela que el grueso del volumen de ventas de los complejos de timesharing del sur de Tenerife se destina a supuestas “inversiones” en mercantiles del grupo en el exterior. Las pesquisas deben dirimir si, como sostienen los afectados, estas operaciones o estrategias contables tienen por objetivo descapitalizar a la empresa condenada para evitar así el pago de las cantidades reconocidas en las resoluciones judiciales y, además, desvincularse de la jurisdicción española.
La representación legal de Silverpoint aún no ha contestado a un requerimiento cursado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona el pasado mes de marzo en relación con un apunte del mencionado informe financiero. En concreto, solicitaba que le informara del destino de una dotación realizada en 2016 por importe de algo más de diez millones de euros para “otras inversiones”, sin más detalle. Siete meses después, sigue sin ser atendido.
Otra de las operaciones que ha levantado sospechas entre los clientes de timesharing afectados por las irregularidades de Silverpoint es el pleito que mantuvo el pasado año en los juzgados de Tenerife esta mercantil con Excel Hotels and Resorts a propósito de una supuesta deuda por un importe de 6,67 millones de euros. Excel es otra de las sociedades del grupo Limora. Su rastro societario conduce a la isla de Guernsey, en el Canal de La Mancha, a las Islas Vírgenes Británicas y a Dubai. Comparte socios, administradores y objeto social con Silverpoint. De hecho, su antigua denominación era Silverpoint Hotels and Resorts y sus representantes estuvieron presentes en los actos que aquella tuvo que realizar para adaptar los contratos al régimen del aprovechamiento por turnos tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998.
En marzo de 2018, ambas empresas firmaron un acuerdo por el que Silverpoint Vacations se allanaba a las pretensiones de Excel Hotels and Resorts, reconocía una deuda de 6,67 millones de euros y se comprometía a su pago. Este pacto, que aparece reflejado en otro informe financiero, incluía la transferencia del 72% de los certificados vacacionales propiedad de la supuesta deudora (valorados en 45.000 euros) y la cesión de su cartera de clientes (570.000 euros). Los denunciantes sospechan que este acuerdo en los juzgados responde a una maniobra de desvío de capital entre empresas del grupo con el mismo objetivo, esquivar el pago de las condenas, ya que Excel Hotels and Resorts no figura en los procedimientos civiles y la transferencia de fondos deja a Silverpoint con una evidente falta de liquidez.
Ni insolvencia ni liquidación
Los clientes del Club Paradiso, uno de los complejos de esta empresa de timesharing en el sur de Tenerife, recibieron el pasado mes de julio una comunicación firmada por uno de los liquidadores de Limora, la empresa matriz del grupo, en el que reconocía la existencia de “un gran número de problemas” derivados de la gestión del anterior equipo directivo. En esta carta, se les informaba de una importante deuda y de los impagos a los proveedores de servicio, algunos de los cuales no permitían el acceso a los invitados al club. Además, anunciaba la suspensión durante 60 días de las reservas dentro del programa de afiliación (Silverpoint Vacations funciona con la fórmula de la membresía, la adhesión a un club de vacaciones).
Sin embargo, trataba de tranquilizar los ánimos al afirmar que, aun así, había fondos suficientes y el club no estaba ni en fase de liquidación ni en situación de insolvencia.
Las condenas acumuladas en los tribunales por Silverpoint Vacations están vinculadas con los productos ofertados a sus clientes, que incorporan la membresía y un paquete de inversiones. Además de la posibilidad de disfrutar del complejo durante un máximo de ocho días al año y cuatro personas, se les prometía una reventa lucrativa de derechos de aprovechamiento en diferentes semanas -no consecutivas-, temporadas, residencias y complejos. Sin embargo, esta venta no se llegaba a materializar. Llegado el momento de obtener rendimientos, la empresa les informaba de un atasco y les ofrecía un nuevo producto en alojamientos de mayor categoría, mayores perspectivas, pero mismo resultado. La imposibilidad de recuperar el dinero invertido llevó a cientos de clientes a demandar, sin suerte, en los juzgados ordinarios hasta que el Tribunal Supremo sentó doctrina en enero de 2017 al sentenciar que estos usuarios tenían la condición de consumidores y, por lo tanto, los contratos debían regirse por la Ley 42/1998, que exige un plus de información y transparencia por parte de la comercializadora.