El Gobierno aprobará este viernes el real decreto-ley de reforma de la estiba, que se espera sea convalidado por el Congreso en el plazo de un mes para evitar una multa millonaria, obligado por una sentencia europea y sin consenso con el sector.
“Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros”, ha afirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una rueda de prensa en la estación de metro de cercanías de Nuevos Ministerios de Madrid. De la Serna ha añadido que este real decreto es “el límite de flexibilización máximo” que ha permitido la Comisión Europea (CE), tras unas negociaciones “durísimas”.
El documento “se ajusta estrictamente a lo que es nuestra obligación de acatar la sentencia y lo flexibiliza al máximo a favor de los trabajadores, según lo que nos habían solicitado hasta el límite permitido por la CE”. Además, cuenta con el consenso del sector empresarial, ha agregado.
El ministro ha insistido en que, a partir de ahí, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva.
Los estibadores y Anesco están reunidos en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para buscar un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación o la organización del trabajo.
Ambas partes volverán a la mesa de negociación el martes, tras terminar sin acuerdo la reunión de ayer, al tiempo que los estibadores mantienen su preaviso de huelga para nueve jornadas de paros parciales durante tres semanas en marzo, su “única herramienta para defenderse y manifestar su malestar con el decreto”, según los sindicatos.
La postura de la Autoridad Portuaria tinerfeña
También en relación con este asunto, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Tenerife acordó en su última reunión instar al Gobierno central a que acometa la reforma de la Ley de Puertos que exige el Tribunal de Justicia de la UE pero “de manera pactada” con patronal y los trabajadores, y en ningún caso a través de la “imposición” de un real decreto-ley.
El apoyo a esta iniciativa, propuesta por el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, fue prácticamente unánime. Además, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, hizo una convencida defensa del consenso. A esta postura de diálogo se sumaron, con su voto, los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Palma y El Hierro, así como los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava, Santa Cruz de La Palma y, en nombre del Gobierno de Canarias, su consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
El representante de los empresarios del puerto y de la Cámara Comercio, de igual modo, respaldaron un acuerdo que persiga la paz social y el entendimiento, algo que tan buenos resultados ha dado a los puertos españoles en los últimos años.
En plena negociación entre patronal y sindicatos, “aún con la espada de Damocles del real decreto-ley sobre sus cabezas”, señala la Autoridad Portuaria, cualquier iniciativa de conciliación es un “espaldarazo” a la postura de flexibilidad y entendimiento que defienden los estibadores.