El Ministerio Fiscal ha acusado este miércoles al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo de apoyar la compra del frente de la playa de Las Teresitas para beneficiar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, lo que produjo “un auténtico saqueo” a las arcas municipales.
La acusación la formuló la fiscal María Farnés Martínez durante la presentación de su informe de conclusiones en el juicio del llamado caso Las Teresitas, por el que se sientan en el banquillo once acusados por la compraventa del frente de playa por 8.750 millones de pesetas, dos veces más de lo que valía según los peritos.
La fiscal incidió en que es absolutamente imposible que esta operación se pudiera haber realizado sin el conocimiento ni el consentimiento del entonces alcalde de la capital tinerfeña y detalló que el precio de la compraventa era el equivalente al 25% del presupuesto de la Corporación santacrucera en 2001.
No resulta creíble que la operación se realizase a espaldas de la máxima autoridad municipal, añadió Farnés, quien dijo que Zerolo es presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que, en su caso, calificó de “agravado”.
El proceder de Zerolo fue contrario a la ley en una actuación arbitraria y en acuerdo con los empresarios, pues ha quedado acreditado que mantuvo reuniones con ellos para fijar el precio con anterioridad a la formalización de la compraventa.
“El precio estaba más que pactado, y después se montó el expediente administrativo”, señaló la fiscal, quien recordó que no se incluyeron en él los informes periciales de la arquitecta municipal Pía Oramas y de la Universidad Carlos III porque los funcionarios entonces jamás habrían avalado la operación.
“La decisión tomada por Zerolo fue totalmente arbitraria y con plena consciencia de lo que estaba haciendo para pagar a unos empresarios. No actuó conforme a derecho ni se defendieron los intereses del pueblo de Santa Cruz, sino los intereses particulares de dos personas: Antonio Plasencia e Ignacio González”, advirtió la fiscal.
Lo que el excalcalde calificó en su declaración como un negocio “magnífico” para la ciudad realmente fue “ruinoso”, continuó la fiscal, quien dijo que lo que se gastó en Las Teresitas fue diez veces más de lo que invirtió el Ayuntamiento en servicios sociales.
Se preguntó también Martínez qué habría ocurrido si en 2001, fecha de la compraventa, se hubiera producido la riada que al año siguiente causó ocho muertos en Santa Cruz de Tenerife. “¿De qué dinero habría dispuesto el Ayuntamiento de ser así?, porque se había mermado casi totalmente el remanente de Tesorería”, cuestionó.
Respecto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, la fiscal concluyó que llevó su jefatura en esta área “a máximos extremos” y actuó como si fuera de su propiedad, cuando era “un servidor” de lo público.
A su entender, Parejo conocía perfectamente los informes periciales que rebajaban el valor de los terrenos a 3.210 millones de pesetas y dio la orden de no incluirlos en el expediente.
Parejo era “total y absoluto conocedor” de los informes, aceptó incluir los que aumentaban la edificabilidad y el aprovechamiento lucrativo en el Valle de las Huertas, que era de propiedad privada, y mintió ante el tribunal, dijo la fiscal, cuando dijo que constaban todas las tasaciones necesarias para fijar el precio de la operación.
Si son fehacientes los valores catastrales aplicados a las parcelas afectadas por dicha compraventa, se pagó trece veces más por el frente de playa de lo que correspondía, agregó María Farnés Martínez, quien manifestó que, “si alguien tenía conocimiento de que eran propiedad del Ayuntamiento, era Manuel Parejo”.
Mientras la actual Corporación municipal ha intentado revertir esta situación, los gestores de esa época en el Ayuntamiento no hicieron “absolutamente nada, salvo esconder informes periciales y omitir cualquier cosa a favor del interés público”.
En cuanto a la actuación de los exconcejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), la fiscal admitió que, antes que nada, su postura es de “sorpresa” ante la declaración de ambos de que votaron a favor de pagar 8.750 millones de pesetas a unos empresarios “sin pedir ninguna información ni comprobación”.
Calificó su actitud de “dejación total y absoluta” de los deberes públicos a los que se comprometieron en su cargo, y además la fiscal sostuvo que “los ciudadanos merecen algo más”.
De Emilio Fresco aseveró que ha olvidado lo que significa ser “siervo de la legalidad” y apuntó que su actuación se debe a que como dirigente socialista quería su “parte del pastel y su minuto de gloria”.
En cuanto a José Emilio García Gómez, afirmó la fiscal que tenía mucho más conocimiento de la operación que se estaba gestando de lo que “quiso hacernos ver” en el juicio, pues incluso Miguel Zerolo admitió que lo había consultado en varias ocasiones al haber sido el edil popular exalcalde de la ciudad (cuando estaba en ATI-CC) y exconcejal de Urbanismo, y haber asistido a varias reuniones sobre la compraventa del frente de playa.
“Existen elementos suficientes en la conducta de ambos concejales de que han contribuido de forma importante y esencial a la pérdida de 8.750 millones de pesetas para las arcas municipales”, advirtió la fiscal.
Al término de la sesión vespertina del juicio, el abogado defensor de Antonio Plasencia se quejó por la duración del informe de la fiscal, que hoy se prolongó durante seis horas, lo que a su juicio perjudica a la preparación de la intervención de las defensas.
El magistrado Joaquín Astor le contestó que tiene “derecho al pataleo”, pero le recordó que todo lo que ha detallado María Farnés Martínez “lo lleva diciendo desde el inicio, el 9 de septiembre, y hoy se ha decidido a recapitular”.