“Hubo varias reuniones con los empresarios que eran públicas, antes del pleno de enero de 2001, y después”. De esta forma, José Emilio García Gómez, que era portavoz del PP cuando en junio de 2001 se aprobó en pleno extraordinario la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, desmintió al exalcalde Miguel Zerolo, que el lunes aseguró que solo hubo una reunión con los dueños de los terrenos, y fue para fijar el precio.
García Gómez se llevaba bien con Miguel Zerolo, quien afirmó que confiaba en él “por sus conocimientos en Urbanismo”. Sin embargo, este martes, en la sesión vigésimo quinta del juicio por el caso Las Teresitas, García Gómez desdijo al exalcalde al afirmar que fueron varias las reuniones, y todas ellas en la Alcaldía.
“Hubo varias reuniones que fueron regladas por el alcalde”, dijo ante la magistrada Carla Bellini en 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y lo ratificó a preguntas de su abogado defensor, Jorge Prieto.
García Gómez no quiso responder a las preguntas de la fiscal. A cambio, se leyó íntegra su declaración en la fase de instrucción de esta causa. Entonces dijo que “hubo una primera propuesta para un marco de colaboración con los empresarios (Ignacio González y Antonio Plasencia, dueños de las parcelas a través de Inversiones Las Teresitas), pero los técnicos dijeron que el desastre que causaría en Valle Las Huertas era peor que construir en el frente de la playa”.
También dijo que “hubo varias reuniones con el alcalde y los empresarios, que eran actos públicos del alcalde para informar de las negociaciones”, antes del primer pleno que se celebró en enero de 2001 para aprobar la colaboración con Inversiones Las Teresitas, y después, hasta esa única reunión que Zerolo admite, poco antes de junio de ese año, en el que los empresarios fijaron el precio de la venta.
No obvió sus relaciones personales con Ignacio González. “Me metió en el PP y me llevó al Ayuntamiento”. García Gómez llegó a ser alcalde de la ciudad con su etapa de ATI-CC. “Pero de Las Teresitas solo hemos hablado en la Alcaldía”.
Costas, como los catalanes
Incluso habló de una reunión para “escenificar” el acuerdo político entre CC y PP (al que se sumaría el PSOE) de cara a la ciudadanía. Y todas esas reuniones, reiteró, “se llevaban a cabo en la Alcaldía. Todo lo hablábamos en Alcaldía”.
El acusado, que en efecto demostró su afición (así la calificó él) por el Urbanismo, puso en duda las advertencias del deslinde Costas, o sea, si era el de 1961 o si la línea pasaba por el muro de la playa, y afirmó que “Costas me recuerda a los catalanes, no respetan las sentencias y ya está”.
Además, aseguró que los empresarios amenazaron “con meter las palas”, y que conoció el expediente para la compra unos 15 días antes del pleno en que se aprobó, en los que no figuraban los informes en los que se rebaja dos tercios el precio de la operación. Aun así, recalcó a preguntas de su abogado, “no me tembló la mano al votar” porque “el precio era el normal”.
Emilio Fresco: “La playa era la bandera del PSOE”
El último político en declarar este martes fue Emilio Fresco, que era portavoz del PSOE en 2001, y que aseguró que supo del informe de Pía Oramas y su rebaja en el precio de los terrenos de la playa “después del pleno en que se aprobó la compra”. “Si lo hubiera conocido, lo habría puesto encima de la mesa y habría pedido explicaciones”, respondió a la fiscal.
Recalcó que todo el grupo socialista votó a favor de la compra porque “Las Teresitas era la bandera del PSOE. La compra estaba avalada por siete informes de seis funcionarios. ¿Cómo íbamos a votar en contra? Nos quedábamos sin la bandera y Zerolo salvaba la playa”.
En cuanto a la opinión en contra de quien en 2001 era el secretario insular de los socialistas, Santiago Pérez, afirmó que “lo supe después de la comisión informativa de la Gerencia y antes del pleno. Mandó un fax al grupo municipal socialista pidiendo el voto negativo. Intentamos que lo aclarara, pero no pudimos contactar con él”.
“Nunca había ocurrido una cosa así, ni con el polígono de Granadilla se atrevió Pérez a decirle a un grupo local lo que tenía que votar”.
Este jueves se reanudarán las sesiones de la vista oral con las declaraciones de los funcionarios José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo) y Víctor Reyes (ex secretario general de la Gerencia de Urbanismo). Sobre todo es en Reyes en quien los políticos han descargado responsabilidades.