Ana Oramas fue uno de los eslabones que le faltaban a Santiago Pérez, ex secretario general de los socialistas tinerfeños y autor de la denuncia inicial que dio lugar al caso Las Teresitas, para empezar a colocar las piezas del puzzle que supuso esa supuestamente fraudulenta venta-compra-venta del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife. Ese supuesto fraude se juzga desde el pasado 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con el ex alcalde y ex senador por CC, Miguel Zerolo, como principal acusado.
Fue en una conversación informal con la ahora diputada en el Congreso por Coalición Canaria cuando Santiago Pérez supo de un informe técnico elaborado por su hermana, Pía Oramas, que en 2001 era arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
“No todos estamos en política para enriquecernos”, afirmó Pérez que le dijo la diputada en una conversación informal. “Una de ellas, es mi hermana”. En respuesta a la fiscal anticorrupción, añadió que Ana Oramas le habló del informe elaborado por Pía Oramas, “pero no me comentó el informe completo”.
Pía Oramas, que según el calendario previsto deberá declarar el 17 de octubre como perito, redactó un informe técnico sobre el verdadero valor de las 11 parcelas que conforman el frente de la playa santacrucera, que el Ayuntamiento iba a adquirir a una empresa privada, Inversiones Las Teresitas, creada por los acusados Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
Ese informe valoró las parcelas en 19,2 millones de euros, casi un tercio del dinero que finalmente se pagó por ellas, cerca de 53 millones de euros. Pero el informe nunca figuró en el expediente administrativo de la compra del frente de la playa, aunque “era vox populi que existía”.
“Fui conocedor parcial del expediente”, aclaró. También aclaró que supo del contenido del informe de Pía Oramas solo cuando ya tuvo acceso a la querella de la Fiscalía, aunque insistió en que en 2001 ya era “vox populi” que se trataba de una operación especulativa. Además, antes de presentar denuncia en la Fiscalía, en 2006, obtuvo más datos tras una demanda por la vía de lo Contencioso, en la que le quedó constancia, efectivamente, de la ausencia del informe en el expediente administrativo.
“El alcalde (Miguel Zerolo) anunció una rueda de prensa para anunciar que se iba a aprobar un convenio concertado con Inversiones Las Teresitas. Entonces fue cuándo se supo que Inversiones Las Teresitas había adquirido la playa y los demás terrenos por 5.500 millones de pesetas y que el Ayuntamiento les compraba el frente de la playa, y que el Convenio iba a ser aprobado por unanimidad”.
Como el convenio estaba pendiente de esa aprobación por el Pleno municipal, “remití un fax al Grupo Municipal Socialista en el que les recomendaba que se abstuvieran, pero me contradijeron”. No solo no tuvo información sobre el caso por parte de sus compañeros, sino que, según dijo, parte de la información para la denuncia (en la que se basó la querella de la Fiscalía) le fue proporcionada por el concejal Ángel Isidro Guimerá, que en 2001 era representante del Partido Popular.
A Santiago Pérez igualmente le llamó la atención la actitud “extravagante” del alcalde Zerolo, que siendo parte del Consejo de Administración de CajaCanarias no votó a favor de la concesión del crédito que haría posible la compra de los terrenos por Inversiones Las Teresitas.
Para entonces, noviembre de 2001, Pérez ya tenía información directa de las circunstancias en las que se concedió el macrocrédito para la adquisición de los terrenos, porque el propio Amid Achi, que ha resultado ser un testigo espectacular en este juicio, le telefoneó para contárselo.
Y también le resultó llamativo que el Convenio para adquirir el frente de la playa saliera a información pública cuando se había hecho la compra, aunque no fuese un convenio firme.
Por eso aprovechó para presentar alegaciones y reafirmarse en que “había otras formas de hacerse con el frente de la playa, como incluirlo como carga de planeamiento”, ya que la recalificación de los terrenos que se quedaba Inversiones Las Teresitas (Valle Las Huertas y Montaña Morera, en la trasera de la playa, que pasaron a ser urbanizables) conllevaba “plusvalías astronómicas”.
El ex dirigente del PSOE tinerfeño apenas puedo matizar sus respuestas porque los abogados de la defensa pretendieron que sus respuestas se limitaran a un si o un no. Su testifical apenas duró una hora y hasta la propia Fiscalía intentó que no hablara mucho, ya que Santiago Pérez reconoció que parte de su denuncia se apoyaba solo en informaciones de prensa.
Los testigos que deberán comparecer este jueves están directamente relacionados con la Junta de Compensación que se hizo con los terrenos de los vecinos para luego revenderlos. El primero en declarar sera Mauricio Hayek, abogado que, en teoría, asesoró a los vecinos para que vendieran sus propiedades en la trasera de la playa. Cómo la Junta de Compensación se hizo con esos terrenos es causa de una pieza separada que se juzgará en octubre proximo.