Con el caso Grúas en plena ebullición y de vuelta, si los recursos no lo remedian, a los juzgados de La Laguna tras la pérdida de aforamiento de Fernando Clavijo, otra causa judicial de enjundia amenaza el futuro político del presidente del Gobierno de Canarias y de su sucesor en el Ayuntamiento, José Alberto Díaz. Se trata del denominado caso Reparos, abierto a raíz de una denuncia presentada por el partido de la oposición Por Tenerife- Nueva Canarias (XTF-NC) por el mantenimiento de contratos de prestación de servicios municipales ya vencidos y con el reparo de la intervención municipal porque tenían que haber salido a concurso.
Con la última ampliación de denuncia, vinculada a la prórroga del contrato con Urbaser para la recogida y transporte de residuos y limpieza diaria por valor de 7,9 millones de euros, la suma de prolongaciones de contratos supuestamente irregulares supera ya los 50 millones de euros, según las estimaciones del portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez.
Algunas de las empresas beneficiadas por estas prórrogas, que se iniciaron en la época de Clavijo como alcalde y se han extendido durante el mandato de Diaz, continuaron gestionando determinados servicios municipales hasta 36 meses por encima de lo legalmente establecido. Algunos de esos expedientes cuentan incluso con el informe negativo del secretario del Organismo Autónomo de Deporte.
La última prórroga con Urbaser se extiende hasta el mes de abril del próximo año (seis meses) o “hasta la fecha en que se formalice el nuevo contrato actualmente en licitación”. Fue el pasado 31 de octubre cuando la Junta de Gobierno local llevó a pleno la continuidad de la relación del Ayuntamiento con Urbaser, un gasto que tuvo informe contrario del interventor, emitido el 29 de octubre, por lo que, como en los demás casos denunciados por XTF-NC, el expediente siguió adelante mediante levantamiento de reparo por parte del alcalde José Alberto Díaz (CC).
Como consta en el acta de la sesión, el contrato con Urbaser ya había agotado las dos prórrogas posibles. Esta multinacional, ahora de capital chino, fue adjudicataria del servicio en 2008, con una dotación del erario público de casi 123 millones de euros, a razón de 15,3 al año. El Ayuntamiento le prorrogó el servicio en 2016 y 2017, por periodos de un año; de modo que ahora tocaba convocar un nuevo concurso público.
Sin embargo, los trámites para licitar un nuevo contrato los inició el 19 de octubre la concejala de Servicios Municipales (Mónica Martín, del PSOE, quien posteriormente dimitió por la ruptura del grupo de gobierno) por un nuevo periodo de duración de ocho años. En el acta se hace constar además que desde el 1 de febrero de 2018 se había solicitado “al responsable del contrato la elaboración de la memoria justificativa, a la mayor brevedad posible y a efectos de poder iniciar el expediente de contratación”. Esta diligencia se reitera el 24 de abril y el 12 de julio de 2018.
Por lo tanto, según expone el Gobierno municipal (entonces todavía formado por CC y PSOE, pues hasta el 6 de noviembre no renunciaron a sus cargos las dos concejales socialistas), se inició el expediente de continuidad del contrato con Urbaser el 9 de octubre de 2018.
De ahí que al portavoz de XTF-NC le llame la atención el hecho de que el trámite para que esta empresa continúe prestando el servicio sea anterior al propio inicio de las gestiones para sacarlo a concurso público.
Al respecto, Pérez advierte también de una cuestión de legalidad de la que se previene en el propio acta de la Junta de Gobierno, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas: “Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.
Pérez sostiene que no se cumple en este expediente lo que exige la legislación, pues, si no hay ya convocado un nuevo concurso, no es, a su juicio, por ningún acontecimiento imprevisible.
El edil de XTF-NC expone que los juzgados laguneros han abierto diligencias previas por la denuncia de estos gastos contrarios a la intervención, y su ampliación anterior (a la que se añadirá este nuevo contrato, y previsiblemente otros), al punto de que tiene noticias de que ya hay cuatro tomos de documentos remitidos por el Ayuntamiento a la sede judicial.
Se trata de contrataciones irregulares, a juicio de XTF-NC, que datan de los años 2013 a 2017. De momento, se está a la espera de que puedan acceder a la documentación de los levantamientos de reparos de la Intervención producidos en 2018, de los que, según el concejal Pérez, el alcalde debe legalmente dar cuenta ante el pleno cada tres meses, pero no lo ha hecho.
Entre 15 o 20 empresas, según las estimaciones de Pérez, han continuado contratadas por el Ayuntamiento de esta manera, tras haberse extinguido sus contratos para la prestación de servicios y no haberse convocado aún nuevo concurso público.