El concejal de Ordenación del Territorio en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez (de la agrupación electoral Avante), ha anunciado este jueves que se empezarán a notificar “de inmediato” las órdenes de desalojo de diez bloques en la primera fase de actuación en el barrio de Las Chumberas. En esos bloques aún hay 77 viviendas con en teoría residentes (de las 160 totales que entran en la primera fase) y habrá que hacer hasta 500 notificaciones, de lo que se encargará la empresa pública municipal Muvisa.
Santiago Pérez ha adelantado en rueda de prensa, informó la agencia Efe, que la administración local se reunirá este viernes con los presidentes de las comunidades de Las Chumberas, y ha añadido que a todos estos trámites se les pueden unir las dificultades del mercado que “probablemente” encuentre el Consistorio para garantizar los realojamientos.
“Las propuestas de resolución de desalojo fueron comunicadas a la anterior Concejalía de Urbanismo para su firma entre el 3 y el 8 de mayo. Pero la entonces concejala de Urbanismo no las firmó hasta el 14 de junio, día previo a la investidura del nuevo gobierno: hay algo más de un mes de demora”, ha apostillado el concejal de Ordenación del Territorio.
Estas órdenes, ha explicado Pérez, se desprenden de las recomendaciones de técnicos que inspeccionaron las viviendas durante los meses de marzo y abril y que se contrastaron con un informe solicitado en febrero por Muvisa a una empresa especializada, para que así la representación del Ayuntamiento pudiera aportarlo en la última comisión de seguimiento, celebrada en Madrid el pasado mes de abril.
En los diez bloques de la primera fase hay 160 viviendas, ha indicado el edil, y de estas, ya hay desalojadas 83, con 77 no desalojadas; de estas 77, unas 31 se encuentran aún habitadas y 25 “no se sabe” si habitadas o no, porque ha habido casos de ocupación tras el cierre de viviendas en el barrio.
El concejal lagunero ha hecho hincapié en que, según lo acordado en la última comisión de seguimiento, el Consorcio sí puede utilizar las subvenciones transferidas por las otras administraciones públicas (Ministerio de Fomento, Gobierno canario y Cabildo de Tenerife) para actuaciones referidas a la seguridad ciudadana, que incluyen esos desalojos: “Hay financiación para ello”, ha puntualizado Pérez.
“Lo que los técnicos proponen es que el desalojo se realice en un mes, según sus criterios de prudencia. Pero el desalojo material habrá que efectuarlo después de múltiples gestiones con los interesados, moradores y propietarios, y garantizando su realojo: tendremos problemas de oferta, probablemente. El año pasado, en un proceso similar, se tardó varios meses por problemas de mercado”, ha reiterado el concejal.
Además de esos desalojos, los técnicos han propuesto nuevas “medidas cautelares”, no pensadas realmente para resolver el problema estructural de las viviendas, en otra serie de bloques que serán sometidos a inspecciones en un plazo de seis meses.
Además, Santiago Pérez ha incidido en que un “objetivo inmediato” del nuevo equipo de gobierno es desbloquear el acuerdo en torno a este problema de aluminosis en el barrio de Las Chumberas, empezando por un “impulso” al procedimiento expropiatorio para que las fases de demolición y de construcción de nuevos edificios comience cuanto antes.