La oposición lagunera corrige la vía exprés del alcalde para mantener el sueldo a Mónica Martín tras el 'pacto de la marisquería'

Lo llaman en la oposición lagunera el pacto de la marisquería. El día en que la jefa de filas del PSOE en el Consistorio de La Laguna, Mónica Martín, comunicó por escrito al alcalde José Alberto Díaz (CC) la ruptura del pacto de gobierno en Aguere, la edil acudió a un restaurante especializado en mariscos, situado en el caso de La Laguna y donde comía el regidor municipal, para entregarle la notificación.

En Diario de Avisos, la hasta entonces primera teniente de alcalde declaró que acudió para ello, el 7 de noviembre, a las 15.45 al local donde estaba almorzando Díaz. Tres horas y media después, concejales de la oposición los vieron salir del restaurante juntos, por lo que aquel encuentro pudo ser más prolongado y menos tenso de lo que se pensaba entre dos que habían roto su relación política. Ello ha dado rienda suelta a las especulaciones sobre qué se habló entre ambos en esa comida.

Lo cierto es que al día siguiente el alcalde emitió un decreto por el que concedía un sueldo de liberada a la concejala, que ha dejado de ser parte del Gobierno municipal, igual que su compañera María José Castañeda. Fue un decreto que Díaz llevó al último pleno del Ayuntamiento, el del pasado 12 de noviembre, para dar cuenta de su decisión, con la intención de que se tratara en la parte del orden del día no resolutiva, es decir, en la que no había que votar nada, o sea, al final del final.

Pero el asunto acabó como el rosario de la aurora. Pasadas tres horas de debate, el controvertido procedimiento exprés para mantener el sueldo a la portavoz del PSOE emergió al defender Unidos Se Puede que, mientras no se acuerde que los grupos de la oposición tengan personal eventual de apoyo, el Gobierno local no contrate para su uso exclusivo a nuevos asesores con los que cubrir los puestos de los que han sido destituidos (que trabajaban en las áreas controladas del PSOE).

Fue el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, quien lanzó la advertencia de que el sueldo a Mónica Martín tenía que ser tramitado no por decreto de alcaldía, sino con un expediente con los preceptivos informes y sometido a votación en el pleno, ya que había sido mediante acuerdo plenario, en julio de 2015, cuando el PSOE formaba parte del gobierno, como así se había fijado el número de liberados, cuántos correspondían a cada grupo y quiénes cobrarían salario con dedicación exclusiva.

“No es legal asignarle un sueldo a Mónica Martín al margen del acuerdo plenario de julio de 2015, aún vigente, en el que se establecieron nominativamente las diez personas del Gobierno municipal que cobrarían retribución, y los seis liberados de la oposición (ninguno soy yo, por cierto), asignados a determinados grupos; así que, por tanto, no se puede dar dedicación exclusiva a ningún otro grupo sin otro nuevo acuerdo plenario”, aseguró Pérez, que ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.

El concejal del grupo mixto -expulsado del PSOE- Javier Abreu se preguntó también qué pasó en el almuerzo del otro día y por qué “pidió Mónica Martín un sueldo 24 horas después; nadie da explicaciones”. “Es una falta de respeto haber asignado 24 horas después de su cese o pelea, o no se sabe muy bien qué, un salario en base no se sabe a qué acuerdo, desde luego no al de julio de 2015, porque está claro que no se puede”, remachó.

Cambio de criterio de Díaz en la recta final del pleno

Más de cuatro horas de debate después, las palabras de Santiago Pérez parecieron surtir efecto, aunque él no estaba ya en el salón de plenos, ni otros concejales, que también se habían ido; porque el alcalde anunció que, en efecto, la secretaria del pleno se había dado cuenta de que era necesario un nuevo acuerdo plenario para poder asignar remuneración como liberada a la concejala del PSOE, lo que no estaba recogido en el acuerdo de 2015 y por ello se necesitaba. Por tanto, hubo modificación puntual de aquella decisión. Y Díaz solicitó entonces sobre la marcha la urgencia de incluir este punto en el orden del día y su posterior votación.

Intervino en este momento la secretaria, que llegó a pedir “disculpas” por el “lío” -en el que dijo que el alcalde no había tenido nada que ver-  de no haber podido aclarar antes esta cuestión, ya que, al estar en el acuerdo de 2015 designados los concejales concretos de la oposición que tendrían dedicación exclusiva y cobrarían por ello, “la única solución es adoptarlo ahora por acuerdo e incluir a un representante del PSOE”.

La oposición no cuestionó en ningún momento que Mónica Martín tuviera derecho a mantener un salario público ahora como portavoz en la oposición (de hecho, se aprobó finalmente), sino el irregular camino utilizado por el alcalde para asignárselo (lo que provocó que la urgencia del acuerdo se aprobara con solo 13 votos, los ediles de CC, PSOE -excluyendo los no adscritos- y PP).

De ahí que el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, se quejara de que Díaz “use su libre albedrío, porque con algunos [la reivindicación de la oposición para tener personal eventual de apoyo] aplica el criterio del acuerdo de julio de 2015 y con otros lo cambia por el teórico interés del alcalde”.

Martín apela a circunstancias personales para ganarse el apoyo

Decidió intervenir entonces la propia aludida e interesada en este asunto. Mónica Martín apuntó que fue la secretaría técnica la que le había dicho que podía mantener sueldo como liberada. Y la edil llegó a asegurar que no tenía “mayor interés” en que este asunto se tramitara por vía urgente, al punto de que aceptó que se retirara para tratarlo en una próxima sesión.

Sin embargo, a renglón seguido echó mano de un argumento inesperado para ganarse la voluntad -casi la compasión- de los demás ediles: “Si no se produce mi nombramiento, perdería la posibilidad de reincorporación a la lista de interinos de la Administración de Justicia”.

Tal fue la inflexión y la sorpresa provocada por la edil socialista con sus problemas para volver al mundo del mercado laboral que hasta el portavoz del PP, Antonio Alarcó, dulcificó por un momento su tono dejando claro que no ponía trabas a que el PSOE tuviera un miembro liberado, y mucho menos con que lo fuera Mónica Martín.

Pero, retomado el tono del fondo del asunto, Alarcó se aferró al informe de la secretaria, donde, según interpretó, quedaba claro que el acuerdo de 2015 no podía ser alterado hasta la aprobación de nuevos presupuestos. Cuestión esta que el alcalde intentó aclarar, sin convencerle, de que el dictamen se refería al personal eventual y no a los concejales.

Los que se marcharon no pudieron votar el sueldo de la socialista

Algunos concejales de la oposición no pudieron participar en esta decisión, porque ya se habían ido, dado que pensaban -siguiendo en toda lógica el orden del día- que no habría más puntos donde tuvieran que votar.

Visto lo visto, desde XTF-NC se insiste en que lo ocurrido puede contravenir la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según la cual “no podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría”.

Además, según el reglamento de la Corporación lagunera, observa este partido de la oposición, el alcalde solo podrá incorporar proposiciones y mociones para su debate y votación no dictaminadas antes del pleno en comisión, “siempre que los documentos o expedientes obren en la Secretaría General del pleno antes de la convocatoria”.  Lo que no fue el caso en esta ocasión.