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Sí se puede rechaza la privatización del mantenimiento de las vías de La Laguna

Paco Déniz, concejal de Sí se puede en La Laguna, cree que la propuesta de la concejalía de Obras de proceder a privatizar el servicio de mantenimiento de las vías y aceras del municipio, por un monto de dos millones de euros, es un nuevo ejemplo del modelo de una forma de gobernar “alejado de los intereses de la ciudadanía”.

El edil ecosocialista recuerda que en este momento existe un amplio debate social sobre la privatización de servicios públicos, ya que cada vez más “se ve más claramente que los servicios privatizados representan finalmente un coste superior para la ciudadanía que aquellos que se gestionan directamente por las administraciones públicas, llegando en algún estudio a superar hasta un 70% el coste de un servicio público”.

Déniz cree que la decisión del Director Técnico de Obras, Jonathan Domínguez, se realiza movida por las prisas electorales, ya que “existe un enorme descontento vecinal ante el mal estado de numerosas vías del municipio”, pero opina que no debería implicar tomar una decisión precipitada que pueda generar un mayor perjuicio para la mayoría.

“Somos conscientes de que con la actual deuda municipal y las implicaciones del Real Decreto Ley 4/2012, no se puede contratar personal directamente, pero creemos que existen alternativas como la asignación de este servicio a la empresa municipal Muvisa, para que se resuelva esta necesidad urgente, mientras no se puedan lograr otro tipo de fórmulas vinculadas con la ampliación de plantillas del consistorio”.

Desde Sí se puede comparten la preocupación por la situación de abandono de buena parte de las calles del municipio, que representan “un auténtico sufrimiento para viandantes y conductores”, pero creen que la opción nos es beneficiar a una empresa privada, que además “son usadas en demasiadas ocasiones como agencia de colocación de afines a un determinado partido político, la apuesta debe ser la de fortalecer el Ayuntamiento y la transparencia, fomentando la contratación de personas formadas, con criterios claros, conforme a necesidades auditables por la ciudadanía y con independencia de su adscripción política o sus vínculos familiares”.