Con casi tres meses de retraso y sin publicidad alguna, el Ayuntamiento de El Sauzal ha incluido en el último pleno del mandato, celebrado este viernes, un decreto por el que asume la sanción económica impuesta por el Consejo Insular de Aguas (CIATF) y con ello asume su responsabilidad en la nefasta gestión del problema de los vertidos no autorizados de las urbanizaciones La Primavera y La Baranda, informó este sábado en una nota de prensa la formación Unidas Se Puede.
Según se recoge en ese comunicado del partido en la oposición, las estaciones depuradoras de las dos urbanizaciones, tal y como afirma el CIATF en el “expediente sancionador 634-DENU La Baranda y 634-DENU La Primavera, carecen de autorización administrativa para la depuración y vertido de aguas residuales […] imponiendo una sanción de 200 euros por cada una de ellas, con total de 400 euros […], al constatarse que ambas carecen de la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas”.
La concejala de Unidas Se Puede en El Sauzal (USPES), Sonia Beltrán de Guevara, expresó su satisfacción al entender que “el CIATF no solo nos ha dado la razón, sino que además ha obligado al grupo de gobierno de Coalición Canaria a tomar cartas en un asunto que se venía arrastrando desde hace más de una década y que, si no fuera por nuestra presión, continuaría provocando un atentado medioambiental en los barrancos del municipio y, lo que es más preocupante, en el espacio natural protegido Costa de Acentejo”.
Además de la sanción económica, el CIATF exige información pormenorizada de ambos depósitos de aguas residuales y fija un plazo de tres meses para regularizar esta situación. En palabras de la concejala, “estamos más cerca de solventar dos vertidos de aguas residuales que hasta ahora eran tapados por la administración local, aunque de sobra conocidos por los vecinos. El Cabildo de Tenerife ya ha prometido una inversión superior a los 600.000 euros y consideramos que sin nuestra denuncia todo seguiría igual”.
“Aunque la satisfacción de nuestra confluencia municipalista es evidente”, dijo Beltrán que “ya hemos recibido respuesta de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en la que se nos derivaba a otra administración pública, y ahora del CIATF. Pero seguimos esperando que la Fiscalía asuma nuestra denuncia y determine las responsabilidades penales de los vertidos ilegales que, sin ninguna explicación, se han prolongado tanto en el tiempo”, se afirma en la nota.