Alberto Rodríguez, ‘cabeza de lista’ de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las Elecciones Generales del 28 de abril, ha afirmado que “la historia de Visocan es la historia de engaño y fraude de una empresa pública a 35.000 familias canarias”; todo un “despropósito”, como lo ha calificado la secretaria general de Podemos Canarias y candidata a la Presidencia, Noemí Santana, y “una tomadura de pelo” por parte de los distintos gobiernos de Coalición Canaria (CC) de “hacer pagar dos veces, en algunos casos” unas viviendas “a precios que no son sociales, sino de mercado”.
Por ello, Santana ha anunciado a los afectados con los que se han reunido ella y Rodríguez, acompañados por la ‘número dos’ al Congreso, Fátima González, el “compromiso firme” de la formación morada “con todas las familias afectadas por esta tomadura de pelo institucional”, incluyendo en el programa electoral medidas para que “estas viviendas acaben en sus manos, en propiedad”.
“Hay que darle un lavado de cara a la Ley de Vivienda de 2003, pues no refleja la realidad de emergencia habitacional que tiene hoy en día la Comunidad Autónoma, y generaremos un nuevo modelo de vivienda pública para Canarias”, prometió Santana.
Rodríguez, por su parte, ha insistido en que “durante 30 años, el Gobierno de Canarias ha dejado una empresa pública pagada por todas las canarias y los canarios en manos de fondos buitre que ahora pretenden expulsar a las familias, que han pagado durante décadas muchísimo más dinero que el precio real de las viviendas”.
“Visocan ha tenido dudosas operaciones de alto riesgo con ‘fondos buitre’ y con dinero público, haciendo perder a la Hacienda canaria al menos cinco millones de euros”, ha remachado Santana.
Para Rodríguez, “no puede ser que 35.000 familias canarias, que tienen dificultades por su escasa renta, lleven pagando durante años y años sus viviendas y aún tengan la ‘espada de Damocles’ de perderlas, ellas y sus hijas e hijos, sobre sus cabezas”, ha asegurado.
“Con un 40 por ciento de la población en riesgo de exclusión social, con las prácticas de Visocan condenan a 35.000 familias a meterse en un bucle e impedir que salgan adelante”, concluyó Santana.