La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia del nuevo alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha despedido este martes al coordinador de los servicios jurídicos municipales que ha dirigido la estrategia para la recuperación de los 97 millones de euros malversados en la operación de Las Teresitas, cuyos cerebros y ejecutores se encuentran cumpliendo penas de prisión. Ruyman Torres era miembro del equipo que designó la socialista Patricia Hernández, desalojada el lunes de la alcaldía por una moción de censura encabezada por Bermúdez y apoyada por el Partido Popular y por una concejala expulsada previamente de Ciudadanos.
La estrategia jurídica que dirigió el letrado despedido fue motivo de elogio por parte del que ahora es primer teniente de alcalde de la ciudad, el popular Guillermo Díaz Guerra, quien en el pleno del lunes lo mencionó con su nombre y su primer apellido para rendirle tributo profesional.
Esa estrategia consistió en interponer una querella a la familia de uno de los condenados por el caso Las Teresitas, el empresario Antonio Plasencia, por un presunto delito de alzamiento de bienes que se habría venido cometiendo desde que se publicó en 2017 la primera sentencia condenatoria, la de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Esa querella, junto al levantamiento del velo sobre la titularidad de algunas propiedades que resultaron ser de Plasencia, desembocaron en que la familia se aviniera a negociar entregando dos edificios y comprometiéndose al pago de un resto de 14 millones de euros que completarán la indemnización al Ayuntamiento, mediante el aval de otras propiedades.
La última gestión realizada por Ruymán Torres en torno a la operación de Las Teresitas fue enviar el pasado viernes un escrito del Ayuntamiento a la jueza de Vigilancia Penitenciaria indicándole que el preso Antonio Plasencia había mostrado predisposición al pago de la condena económica del caso de Las Teresitas, lo que podría desembocar en su pronta libertad.
Se da la circunstancia de que el abogado Ruymán Torres ya había ocupado plaza de funcionario interino en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero la posición en torno a Las Teresitas por parte del grupo de Gobierno municipal del mandato 2015-2019, precisamente bajo la alcaldía del nacionalista José Manuel Bermúdez, le condujo a renunciar a su plaza y marcharse del consistorio. Fue en 2017, con ocasión de la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que impuso fuertes condenas, lo que no fue suficiente para que el Ayuntamiento de la ciudad pidiera su ejecución provisional.
Además de Ruymán Torres, este martes fueron apartados de sus cargos todos los demás altos cargos designados por Patricia Hernández, a excepción de Julio Cruz, el director de Organización y Régimen Interno, que se adelantó y presentó su renuncia el lunes. Patricia Hernández solo había destituido a una de las directivas que heredó de Bermúdez, la directora de Recursos Humanos.
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